Organizaciones sociales denuncian ante Naciones Unidas crecientes vulneraciones en materia de derechos humanos

Barcelona, 16 de junio de 2014

Con el pretexto de la crisis económica las administraciones públicas han implementado políticas y reformas legislativas que limitan e incluso vulneran derechos fundamentales. Retrocesos en el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda o la alimentación, restricciones a la libertad de opinión y de manifestación y lo malos tratos sufridos por las personas inmigrantes y las personas privadas de libertad son algunas de las cuestiones que se denuncian en el informe enviado a la Naciones Unidas para constatar las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en el territorio español.

La grave situación social que se vive en España, como consecuencia de la crisis económica, se ve agravada por las políticas y reformas legislativas que atentan frontalmente contra derechos sociales básicos y libertades civiles. Para denunciar esta situación, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Educación por la Acción Crítica, Entrepobles, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el Observatori DESC, Rights International Spain (RIS) y SOS Racisme Catalunya han enviado un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea tenido en consideración durante el próximo Examen Periódico Universal a España.

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informe: Presentación conjunta Examen Periòdico Universal 21ª Sesión. España (PDF)

La mafia de la frontera sur

Artículo publicado en el nº62 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2014.

Casablanca, abril de 2014. Una furgoneta traslada a un grupo de mujeres migrantes, que huyen de las redadas de la policía marroquí. Entre ellas está Juliette. Ha salido de Benin City hace tres años y, tras cruzar el desierto, permanece en Marruecos a la espera de una oportunidad para cruzar a Europa. Pero Juliette ha perdido gran parte de su autonomía: no es ella la que decidirá cuándo y cómo cruzar, no es ella la que ha escogido sobrevivir en Marruecos (ya lleva casi dos años) de la mendicidad y de la prostitución; no es ella la que optó por abortar en condiciones peligrosas, ni tampoco la que más tarde decidió quedarse embarazada y tener a la hija que sostiene en sus brazos en el ambiente irrespirable de la furgoneta. Pero si Juliette se ha puesto en manos de una red de trata para que la traslade a España, si las redes de explotación de mujeres funcionan en el tránsito hacia Europa, es también porque a estas mujeres las amenazan violencias mayores. Y la red que las explota y ejerce el control sobre sus cuerpos las defiende “de los demás lobos”.

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El informe sobre vulneración de derechos humanos en Melilla presenta violaciones sistemáticas de la legalidad

Integrantes de la Comisión de Observación de Derechos Humanos compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona realizaron durante la primera semana de julio de 2014 una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla a fin de evaluar las vulneraciones de derecho humanos que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales.

Dicha Comisión ha presentado esta mañana el Informe ‘Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla’ que se ha realizado como consecuencia de dicho trabajo y que elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), a efecto de instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente.

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Los refugiados climáticos se quedarán sin estatus legal

NACIONES UNIDAS, 27 ago 2014 (IPS)

La conferencia internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que se realizará en Samoa la primera semana de septiembre, dejará de lado un asunto sensible: la propuesta de crear una nueva categoría de “refugiados ambientales” que huyen de diminutas naciones expulsados por el aumento del nivel del mar.

“No figura en la declaración final”, dijo a IPS un diplomático de uno de los PEID bajo reserva de su identidad. Los países ricos vecinos de esos diminutos estados temen una ola de refugiados, explicó.

La propuesta implicaría enmendar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 1951, lo que la convierte en un asunto aún más divisorio.

“Está claro que los gobiernos tienen la obligación de disminuir los desastres climáticos, así como las comunidades y personas desplazadas deben recibir protección legal en sus países y en el exterior”: Kristin Casper.

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Migrantes deportados de EEUU, sin protección en frontera mexicana

TIJUANA, México, 22 ago 2014 (IPS)

Los bajo puentes del canal del río Tijuana, en la esquina más al norte de México, están convertidos en enormes retretes. Bultos de personas duermen en habitáculos de cartón y telas, hoyos hechos en la tierra, alcantarillas, puentes y laderas del canal, a lo largo de los dos kilómetros entre el este de la ciudad y la valla fronteriza con Estados Unidos.

En los últimos cinco años se incrementó la separación familiar como consecuencia de las deportaciones. Un dato dimensiona el fenómeno: mientras en 2007, solo 20 por ciento de los repatriados fueron deportados sin sus familiares, en 2012 este porcentaje se elevó a 77 por ciento.

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