El Grupo de Acción Comunitaria (GAC) quiere mostrar su repulsa ante la detención de Oihana Barrios Salinas, Izaskun Abaigar García de Acilu, Nagore López de Luzuriaga, y Fernando Arburúa Iparagirre, que han sido detenidos en la mañana del día 25 de marzo en una nueva operación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional en el marco de la llamada “Operación Pastor”, acusadas de “participar en reuniones que coordinaban las actuaciones para dar cohesión al frente de presos de ETA” según infoman algunos medios de comunicación.
El GAC quiere manifestar que las personas detenidas son docentes de su programa de postgrado en “Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes”, profesionales de la psicología de acreditada competencia. Estos profesionales han participado activamente a lo largo de los últimos años en la elaboración del Estudio “Incomunicación y Tortura”, realizado por numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos y avalado por Juan E. Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, y Ben Emmerson, Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo.
Las personas detenidas han destacado por su activa labor en la defensa de los derechos humanos y particularmente en la denuncia de prácticas policiales y judiciales prohibidas por el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Título VII del Código Penal estatal, así como en la asistencia a sus víctimas. No deja de resultar inaudito que profesionales implicadas en la denuncia y acreditación de situaciones de malos tratos y tortura a personas detenidas por la Audiencia Nacional, se encuentren en estos momentos bajo custodia de este órgano jurisdiccional.
El GAC considera inaceptable el despliegue policial en torno a los domicilios de las personas detenidas y el linchamiento mediático que no respeta su presunción de inocencia, así como la mera existencia de este modus operandi desplegado únicamente con la finalidad de amenazarles y tomarles declaración, absolutamente innecesario y estigmatizador. El GAC condena la persecución de profesionales sanitarias que en el ejercicio de sus funciones están prestando acompañamiento psicológico, independientemente de quiénes sean sus pacientes y cuál sea el contexto en el que se produzca, entendiendo el acceso a la sanidad como un derecho fundamental y universal.
Las queremos en libertad. Su acreditada solvencia y compromiso en la lucha contra la tortura nos obliga a ser infatigables -como ellas lo son- ante la más mínima sospecha de peligro sobre su integridad personal. Las queremos de vuelta como son, libres e íntegras.
25 de marzo de 2015
El 22 de octubre de 2014 despertamos con la noticia de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) a través de la que se planteaba una reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) española para dar cobertura legal a las devoluciones ilegales que llevan años teniendo lugar en la frontera de Ceuta y Melilla.
