Conclusiones principales del reciente Informe del Grupo de Expertos investigando el caso Ayotzinapa

WOLA, 09 de septiembre de 2015

El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero incautaron cinco autobuses en Iguala, Guerrero con la intención de viajar a la Ciudad de México para una protesta. Los estudiantes fueron perseguidos y violentamente atacados por la policía municipal; 43 de los estudiantes fueron detenidos y su destino todavía no ha sido aclarado. El caso ha provocado protestas masivas en México y a nivel internacional, ya que demuestra el fracaso del gobierno mexicano para investigar y procesar eficazmente violaciones de derechos humanos y otros delitos, incluso casos de alto perfil, y el fracaso de no abordar el problema de las desapariciones forzadas en el país.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general de México, Jesús Murillo Karam, presentó las conclusiones del gobierno sobre el caso, las que llamó la “verdad histórica“. En esta versión, el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, ordenó el ataque contra los estudiantes porque temía que habían llegado a Iguala con la intención de sabotear un evento político en el que su esposa estaba presentando. En una serie de ataques, la policía municipal de Iguala y de la ciudad vecina, Cocula, atacaron a los estudiantes y detuvieron a 43 de ellos. Según el gobierno, estos 43 estudiantes fueron posteriormente entregados al grupo del crimen organizado local, los Guerreros Unidos, quienes mataron a los estudiantes y quemaron sus cuerpos en un basurero en Cocula. Los restos quemados se recogieron en bolsas de basura y se desecharon en el Río San Juan en Cocula.

Anteriormente, en octubre del 2014, los investigadores mexicanos habían descubierto bolsas en el río que contenía los supuestos restos quemados de los estudiantes. Los contenidos de estas bolsas fueron analizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck en Austria, donde se identificaron los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, en diciembre del 2014. Sin embargo, muchos de los restos están tan severamente quemados que ha sido casi imposible realizar las pruebas forenses. En febrero del 2015, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha acompañado a la investigación forense como experto independiente desde octubre del 2014, expresó sus dudas sobre la teoría del caso del gobierno mexicano y dejó en claro que no estaba presente cuando las bolsas fueron recuperadas del río y que las bolsas ya se encontraban abiertas cuando el EAAF fue convocado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

Tras el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, las familias de las víctimas y sus representantes legales, así como el gobierno mexicano solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2014, las tres partes firmaron un acuerdo que creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI). El GIEI está formado por cinco expertos: Carlos Martín Beristain (España), Angela Buitrago (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Alejandro Valencia Villa (Colombia). Su mandato es buscar a los estudiantes desaparecidos, desarrollar líneas de investigación, brindar atención a las víctimas y ayudar a hacer frente al problema de desapariciones forzadas en general en México. El GIEI inició su labor en marzo de 2015 y tenía un mandato inicial de seis meses con la posibilidad de extenderse. En agosto de 2015, el GIEI solicitó una prórroga de su mandato dadas las solicitudes de información pendientes, las tareas relacionadas con peritajes forenses que deben ser completadas y la investigación de evidencia pérdida, entre otras cuestiones. Además de su más reciente informe sobre sus primeras conclusiones, el GIEI ha presentado cinco informes mensuales que describen los avances en la investigación, así como varias áreas de preocupación.

Noticia completa.

Informe completo del GIEI y otros materiales sobre el caso

Informe Final de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de DDHH de migrantes en Honduras y su derecho a la protección internacional

La violencia es una de las grandes causas que opera en Honduras como factor de expulsión. Actualmente, Honduras es el país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, por lo que existe una situación de violencia generalizada que fuerza la salida del país de decenas de miles de personas. La violencia es causada principalmente por las maras o pandillas y también por el crimen organizado. Una de las consecuencias más alarmantes es la existencia de desplazamiento interno, problema que ha sido reconocido por gobierno de Honduras.

Para abordar la situación el Estado de Honduras ha puesto en marcha algunas leyes y mecanismos institucionales que crean el marco legal migratorio en el país, pero que no constituyen en sí mismos una política pública y además, presentan algunas carencias.

En la ruta migratoria los migrantes son sometidos persistentemente a robos, al cobro de cuotas para movilizarse en el tren conocido como “La Bestia”. También sufren asaltos, secuestros, extorsiones, agresiones físicas y son víctimas de trata, tráfico de personas, así como de asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. En el caso de las mujeres, también se dan violaciones y agresiones sexuales. También sufren mutilaciones y lesiones medulares, cuando son arrojados del tren por delincuentes comunes o el crimen organizado.

El derecho a la protección internacional tiene una connotación más allá de la mera condición de asilo o refugio y sujetos de protección internacional son todos aquellos que están en situación de desplazamiento forzado y en la condición de movilidad, no sólo aquellos a los que se les reconoce formalmente el refugio. En cualquier caso, los mecanismos de asilo en los países de tránsito y destino no garantizan el derecho a la protección internacional, ni responden a la actual situación de desplazamiento forzado por violencia de las y los hondureños. Se ha detectado una política de desincentivo de la solicitud de la condición de refugiado. El caso más claro de ello es México, donde se está observando un patrón de obstaculización y arbitrariedad a la hora de ejecutar los mecanismos de protección internacional. También existen graves carencias y falencias en la protección consular que brinda el Estado hondureño a sus connacionales en la ruta migratoria.

Consulte más información sobre la Misión en el siguiente vínculo: Misión Internacional de Verificación sobre la situación de derechos humanos de la población migrante hondureña, sus defensores y su derechos a la protección internacional, y en la página de facebook de la Misión

Presentación pública del Informe 

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