¿Qué está haciendo México para proteger a los defensores de derechos humanos y a periodistas?

Nuevo informe de WOLA y PBI encuentra que las protecciones del gobierno se quedan cortas

Comunicado de prensa, 26 de mayo de 2016
WOLA-PBI Informe mexcanismo 2016Washington, DC—En un informe publicado hoy, WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) evalúan los avances y deficiencias del Mecanismo nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México—un organismo gubernamental establecido en noviembre de 2012 responsable de brindar una respuesta rápida a periodistas y defensores en riesgo. El informe está  basado en intercambios que mantuvieron PBI y WOLA con periodistas y defensores de derechos humanos y en el acompañamiento de PBI de varios defensores de derechos humanos que son beneficiarios del Mecanismo.

Como destaca el informe, “México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas. Las agresiones contra defensores y periodistas ocurren con frecuencia, lo que genera un clima preocupante de autocensura e intimidación”. Entre 2006 y 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México recibió 380 denuncias de agresiones contra defensores, incluyendo 25 asesinatos en el periodo entre 2010 y 2015; aproximadamente 40 por ciento de estas denuncias fueron presentadas durante el gobierno actual del presidente Peña Nieto. Además, en solo los primeros cinco meses de 2016, por lo menos cinco periodistas fueron asesinados probablemente como consecuencia de su trabajo, y los defensores de derechos humanos se han enfrentado a múltiples actos de difamación.

Atendión psicosocial en el marco del conflicto armado. Aportes de la Mesa Psicosocial.

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO SOCIOPOLÍTICO NO CUENTAN CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

La Mesa Psicosocial, coordinación de organizaciones de la sociedad civil con amplia y reconocida experiencia en el acompañamiento y atención psicosocial a víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia respalda este importante debate de control político que responde a la sostenida crisis en la atención de la salud integral a las víctimas por parte del Estado.
A cinco años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 -Ley de Víctimas y Restitución de Tierras- la respuesta del Estado a la atención psicosocial y salud integral a las víctimas, ha sido una serie de “estrategias” y guías desarticuladas de la Unidad de Víctimas y un Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas –PAPSIVI- ineficaz en su alcance e implementación, deficiente en cuanto a cobertura y calidad del servicio, incapaz de articularse a la exigencia y apuesta nacional de reconocimiento de los daños causados por el conflicto y su consecuente obligación de reparación. En suma un programa improcedente desde su origen, al pretender funcionar desde la lógica del inoperante sistema de salud vigente.

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Comunicado / Documento.