Manual de capacitación con perspectiva de género en incidencia política con énfasis en Derechos Humanos y DESC.

manual_repem_2011La Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe – REPEM, pone a disposición de mujeres lideresas, de organizaciones comunitarias y facilitadoras, el presente manual, el cuál es una herramienta útil de apoyo en procesos de formación con mujeres de sectores populares, interesadas en posicionar y defender los derechos humanos de las mujeres y en particular el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y los derechos económicos.

Es un Manual de fácil comprensión y manejo que brinda herramientas metodológicas, pedagógicas y conceptuales en el tema de la incidencia política. Es un Manual que está on line es decir que está en línea, lo que significa que está disponible en internet y cualquier persona que se conecte a través de la siguiente dirección: podrá consultar y copiar total o parcialmente.

Hacer este Manual on line es una estrategia de la REPEM, que le ha apostado a la socialización y el desarrollo de mayores habilidades de las mujeres, en el uso de las llamadas TIC – Tecnologías Informáticas y Comunicativas, las cuales se han convertido en la mayor herramienta comunicativa en el mundo y se han constituido en un desafío para los procesos de educación popular feminista. Tener disponible este Manual en cualquier lugar, en donde haya la posibilidad de conectarse a las redes de internet, es una opción que queremos ofrecer a las mujeres con las cuales trabajan las organizaciones socias de la red y en general a las mujeres organizadas latinoamericanas que le apuestan al pleno ejercicio de la ciudadanía y vigencia de los Derechos humanos.

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Organización de víctimas de esterilización forzada repudia nuevo archivamiento.

lamula.pe, 2016-07-28

Ante decisión de Fiscal Marcelita Gutiérrez la AMHBA, integrada por más de 300 mujeres de la provincia de Huancabamba afectadas por las esterilizaciones forzadas, apelará para exigir justicia.

En todos nuestros testimonios que dimos ante la fiscalía en Huancabamba dijimos bien clarito que los culpables de las esterilizaciones forzadas son Fujimori y sus ministros de salud. No entendemos cómo la fiscala Marcelita Gutiérrez puede decir que archiva los casos porque no encuentra culpables”, afirma Esperanza Huayama Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba – AMHBA, integrada por más de 300 mujeres víctimas de esterilización forzada. Además, es vice presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.

Este 27 de julio por la tarde la fiscal Marcelita Gutiérrez decidió archivar la denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, aduciendo que no pudo establecer la autoría mediata de los investigados y que tampoco pudo comprobar que las esterilizaciones fueran un delito de lesa humanidad. “La semana pasada nos reunimos con la fiscala Marcelita Gutiérrez, allí le dijimos que este delito tiene culpables, que son el señor Fujimori y sus ministros. Se ve que no nos ha escuchado, y ahora archiva porque dice que no hay pruebas. Cómo puede hacernos esto a miles de mujeres que estamos sufriendo por nuestra salud y muriendo. Nosotras rechazamos este resultado”, afirma Huayama.

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Desplazamientos forzosos hacia las áridas puertas del desierto.

diagonalperiodico.net, Pilar Rodríguez Suárez, Alba Barbé i Serra, 28/07/16 · 8:00

Migrantes subsaharianos son trasladados por la fuerza desde Tánger hacia las ciudades sureñas de Tiznit, Tarudant o Agadir, prácticas derivadas de los nuevos acuerdos de control de fronteras entre la UE y Marruecos. La UE paga 65 euros por cada persona que Marruecos aleja de la frontera.

Este grupo de migrantes subsaharianos vive en Tiznit desde septiembre u octubre de 2015, en un campamento que han organizado alrededor de un antiguo restaurante abandonado. Aún quedan restos de migrantes que moraron anteriormente y a los que el Ayuntamiento de Tiznit les cedió algunas jaimas en las que dormir, pero ya no se han vuelto a repartir más y ahora viven entre colchones y mantas bajo los pórticos del restaurante.

Sobreviven de la solidaridad de los lugareños, de los que no tienen ninguna queja. Algunos trabajan para ellos, por no más de 40 dírhams (cuatro euros) al día en la construcción. Muchos tiene problemas de salud derivados de la falta de salubridad como el “moco de viento”, la “enfermedad del mosquito”, garrapatas, etc. o cortes y/o amputaciones heredadas de los intentos de saltar la valla de Melilla.

Tiene acceso a control médico, pero no tienen dinero para comprar medicamentos. El poco que consiguen es para alimentos –cuando no llegan donaciones solidarias–, para mantenerse en contacto vía teléfono o redes sociales con la familia y para ahorrar un poco que les permita comprar algún día un billete de autobús para volver al norte a intentar llegar a Europa. Éste es el sueño que persiguen desde que salieron de sus casas, muchos de ellos hace entre siete y ocho años. Sin embargo, temen que cuando intenten salir de Tiznit la policía vuelva a requisarles todas sus pertenencias y de nuevo se queden sin lo poco que han reunido con tanto esfuerzo.

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Modalidades de criminalización y limitaciones a la efectiva participación de las mujeres defensoras de derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas.

Páginas desdeModalidades criminalizaciónEn América Latina y el Caribe los proyectos extractivos y de infraestructura se imponen en los territorios de comunidades campesinas, afrodescendientes y de pueblos originarios generando impactos socioambientales irreversibles y destruyendo sus formas vida. Esta imposición se da mediante la adopción de legislaciones contrarias a la protección de los derechos humanos por parte de los Estados, estrategias de militarización y control territorial y el uso sistemático de la criminalización a quienes resisten.

En este contexto, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas, a lo largo y ancho del continente se han organizado para defender sus territorios de maneras creativas y transformadoras que a su vez confrontan las violencias y discriminaciones históricas basadas en género.

Debido a la magnitud de los poderes en juego que cuestionan y desestabilizan con sus luchas, las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente son uno de los grupos de defensores en mayor riesgo. Las agresiones y la criminalización de la que son objeto revisten formas particulares basadas en su condición de mujeres, intersectadas con otras formas de discriminación, y además les impactan de manera diferenciada.

Reseña completa.

Informe completo.

Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer.

ONU Mujeres e IM-Defensoras, Julio 2016
Portada Resolución asamblea defensoras DHEste material es una publicación conjunta entre ONU Mujeres y la IM-Defensoras. Presenta la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos y las Personas Defensoras de los Derechos de la Mujer, con el propósito de dar a conocer la Resolución y el contexto de su creación. Resalta las bases en las que se fundamenta el derecho de las defensoras. Aborda qué significa realizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos de los demás; así como los riesgos, la discriminación y las violencias específicas que enfrentan.
Se espera que este documento sea una herramienta que favorezca la aplicación de los principios de la Resolución, en primer lugar para hacedores de política pública, pero también para la sociedad civil y medios de comunicación. Se trata de promover mecanismos de protección; y reconocer la importante contribución que las mujeres defensoras de los derechos humanos realizan en la construcción de la paz, la justicia y la igualdad. Con este documento, las defensoras conocerán las implicaciones de esta Resolución y se podrá exigir desde diferentes sectores de la sociedad a los Estados acciones concretas para su protección y para la plena implementación de esta Resolución.