Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú

elpais,Jacqueline Fowks, Lima,

Una vez más la empresa minera Yanacocha destruyó sembríos en el terreno de Máxima Acuña, la agricultora peruana que recibió este año el más importante galardón medioambiental, el premio estadounidense Goldman, por defender su propiedad frente a la compañía que ansía su terreno hace cinco años para el proyecto minero Conga, encarpetado por la matriz Newmont desde mayo. Su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo, por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad.

Yanacocha compró tierras colindantes a las de Acuña en la última década en la región Cajamarca para extraer oro y cobre, la concesión minera que logró incluye varias lagunas que surten de agua a comunidades.

“Solo estaban mis padres en casa, ellos no manejan bien los celulares, pero la empresa está allí a diario con su personal de vigilancia y detectan cuando no hay más personas. A las 10 de la mañana entraron (al terreno) a destruir la siembra y cuando se han acercado a reclamar, la han agarrado a ella de las manos y con los escudos la han golpeado”, relató por teléfono a EL PAÍS Ysidora Chaupe Acuña, hija mayor de la agricultora.

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“Defendemos la tierra con nuestra sangre” Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente: Honduras y Guatemala.

Amnistía Internacional, 1 de septiembre de 2016

Una insidiosa oleada de amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales y del territorio, llevados a cabo en los últimos meses, ha convertido a Honduras y Guatemala en los países más peligrosos del mundo para quienes protegen los bienes o recursos naturales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado seis meses después del brutal asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

Defendemos la tierra con nuestra sangre explora el aumento de la estigmatización, las amenazas, los ataques y los homicidios, así como la falta de justicia, a los que se enfrentan las personas y comunidades que luchan por proteger el medio ambiente frente a los proyectos en gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

“La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal”, señaló Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Un asombroso 65 por ciento (122 de 185) de los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio o el medio ambiente registrados en el mundo en 2015 tuvieron lugar en Latinoamérica, según Global Witness. Ocho tuvieron lugar en Honduras, y 10 en Guatemala, lo que convierte a estos países en las naciones con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región.

“El trágico asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado un mortal punto de inflexión para quienes defienden los derechos humanos en la región. La falta de una investigación transparente y efectiva sobre su homicidio ha transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido”, manifestó Erika Guevara-Rosas.

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“En el asesinato de Berta Cáceres están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras”

A pesar del dolor y el riesgo que supuso,  Gustavo Castro agradece haber estado donde estuvo la madrugada de hace exactamente seis meses. Si no hubiese sido así, no habría sido testigo del asesinato de la reconocida activista. “Entonces, sería imposible rebatir la versión oficial de los hechos. Podrían haber inventado cualquier cosa”, explica el defensor del medio ambiente en la sede de Amnistía Internacional España. “Pero no les salió bien. Yo estaba allí”.

Su narración de las diligencias realizadas por la Fiscalía hondureña denuncia el “interés del Gobierno y de la justicia hondureñas” en que su versión coincidiese “con la que ellos habían construido”.

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De momento, han sido detenidas cinco personas. Entre ellas, un miembro del Ejército y un gerente y un trabajador de la empresa DESA. ¿Cree que ya están todos?

No, pero con ellos no tuvieron otra opción. Porque están involucrados todos: la empresa, el Ejercito, los sicarios, jueces… Sacrificaron las piezas más bajas, era el mal menor. Estamos convencidos de que había más gente. No actuaron solos, ni ese sicario solo, había más. Están implicados funcionarios del Gobierno de Honduras, familias importantes de Honduras.

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