La empresa española Ecoener-Hidralia anuncia su retirada de Guatemala tras años de lucha indígena .

eldiario.es, Icíar Gutierrez, 26/12/2016

El conflicto que ha supuesto la presencia de Ecoener-Hidralia en la zona trajo, según la ONG, “altas cotas de vulneración de derechos humanos” entre los que denuncian “asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres, encarcelamiento de líderes comunitarios y un grave deterioro del tejido social”.

Por esta razón, uno de los retos más importantes en el escenario que deja la retirada de la compañía es, en opinión de Moreno, la reconstrucción de las relaciones en el tejido comunitario, dañadas por la división que crea un proyecto de estas características. “Se trata de una comunidad con una fragilidad enorme con raíces en el conflicto de los años 80. La irrupción, con malas formas, de la empresa abrió viejas heridas”, explica.

El otro gran reto es lograr las reparaciones morales de los daños causados. En este sentido, Moreno valora que  Ecoener-Hidralia diera un primer paso al retirar las acusaciones contra 30 líderes comunitarios encarcelados “por delitos que no cometieron”. Los acusados fueron puestos en libertad sin cargos el pasado agosto.

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Informe: El caso de la empresa Ecoener-Hidralia en el norte de Guatemala

La paz en Colombia: del performance a la realidad

periodicodiagonal, Paco Gómez Nadal, 23/12/16

Colombia ha vivido en un carrusel de emociones desde que el pasado 2 de octubre el Gobierno perdiera el plebiscito sobre el acuerdo de paz que había firmado unos días antes con las FARC en un escenario de película en Cartagena de Indias.

El plebiscito lo ganó el ‘No’ por algo más de 55.000 votos animado por las iglesias evangélicas –convencidas de que el acuerdo acababa con la familia heteropatriarcal– y por las mentiras del partido del expresidente Álvaro Uribe, que indujo a pensar a miles de colombianos que el acuerdo era el anuncio de “una dictadura castro-chavista”. No hacía falta un análisis sesudo para darse cuenta de la falacia, pero ahora el Consejo de Estado ha dictaminado que su campaña estuvo plagada de engaños y alarmismos infundados.

Tras el plebiscito, el performance. Una parte de la clase media urbana se echó a las calles con velas y flores en una toma del espacio público que tuvo poco impulso; las FARC organizaron vigilias ecuménicas y difundieron vídeos y memes en los que los guerrilleros pasaban a ser futbolistas, ornitólogos o, en general, “constructores de paz”; el Gobierno se encontró con el regalo de la década con el premio Nobel de paz que Oslo otorgó sólo a su presidente, Juan Manuel Santos; las víctimas del conflicto tomaron aire después del bajón anímico y le apostaron a sacar el acuerdo adelante como fuera, y en La Habana se renegoció el papel con el sello de la paz con mayores concesiones por parte de las FARC, y con algunos premios para los militares encarcelados por crímenes de guerra o los evangélicos que tantas piedras en forma de votos pusieron en las urnas ese 2 de octubre.

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Defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes sociales en riesgo. ¡Que cesen las agresiones!

16 de noviembre de 2016

Desde el pasado 26 de agosto, fecha en la que se inició el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, se han registrado 28 asesinatos de líderes y lideresas sociales de base y defensores y defensoras de Derechos Humanos, todas ellas personas vinculadas con la defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y activistas por la paz que han acompañado el proceso de negociación y promovieron el “Si” de la refrendación de los acuerdos desde sus territorios.

Las organizaciones abajo firmantes, quienes desde diferentes mandatos trabajamos el tema de protección y seguridad de personas defensoras de Derechos Humanos, manifestamos nuestra preocupación por el aumento de las agresiones a nivel nacional, con especial intensidad en el suroccidente del país (Cauca, Caquetá y Nariño), la región Caribe y el Magdalena Medio.

Aunque el cese al fuego bilateral ha tenido efectos positivos en la disminución de la confrontación armada, los ataques contra defensores y defensoras de Derechos Humanos y líderes locales demuestran que esta violencia no está asociada únicamente al conflicto armado interno, sino a otros factores de violencia estructural y sociopolítica, y que, tras la firma del acuerdo, se pueden agudizar si no se toman las medidas necesarias para protegerles.

Preocupa que la mayoría de estos ataques estén focalizados sobre los integrantes del movimiento social y político Marcha Patriótica, que ha sido un actor clave en el proceso negociación y será determinante para la implementación de los acuerdos desde el territorio. En el año 2016 se han registrado más de 377 agresiones contra defensores y defensoras, dentro de ellas 79 homicidios.

Este panorama se agrava si se tiene en cuenta que las últimas amenazas que se han presentado en Barrancabermeja y Valle, ponen precio a la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos, lo que eleva las condiciones de riesgo e inseguridad, ya que los posibles atacantes se multiplican y se hará más difícil identificar los victimarios y, por supuesto, su judicialización.

Estamos convencidos/as que el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional con las FARC-EP es un paso para que en el país se respeten los Derechos Humanos y se logre una paz estable y duradera. Sin embargo, estos acuerdos deben estar acompañados de garantías políticas y sociales para todos los actores sociales. Esto es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, para que se respete el ejercicio legítimo de los movimientos sociales y para la construcción de una paz con justicia y equidad.

Ante esta situación, solicitamos al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos:

1. Reactivar la Mesa Nacional de Garantías, junto a sus sub mesas de investigación y protección. Espacio necesario de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, para determinar de manera conjunta medidas urgentes y oportunas de protección, que prevengan nuevos asesinatos, agresiones y amenazas contra los líderes y lideresas sociales y los defensores/as de Derechos Humanos.

2. Invitar oficialmente al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, para que realice una visita a Colombia con el objetivo de examinar, informar y recomendar al Gobierno Nacional acciones y medidas que garanticen la labor de los defensores de Derechos Humanos en un entorno seguro y favorable. Del mismo modo, es pertinente que hagaseguimiento al nivel de cumplimiento de las recomendaciones ya sugeridas por la Relatora Especial, Margaret Sekaggya, en su Misión a Colombia en 2010.

3. Implementar de manera prioritaria e inmediata el punto 2 y 3.4 del Acuerdo de Paz, que contemplan la creación de un “Sistema Integral de Seguridad” que incluye la garantía de seguridad para los movimientos y organizaciones sociales; y la conformación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales Responsables de Homicidios y Masacres o que atenten contra Defensores/as de Derechos Humanos, Movimientos Sociales o Movimientos Políticos, que continúan operando y expandiéndose a lo largo del país.

4. Informar desde el Ministerio de Interior los resultados y conclusiones de la Comisión de Alto Nivel de Investigaciones, creado en marzo este año, frente al incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos humanos al inicio de 2016.

Por último, queremos llamar la atención sobre la impunidad en las agresiones contra defensores de Derechos Humanos, que según cifras del programa Somos Defensores, es de 99.96% en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto genera un clima propicio para que se sigan presentando ataques y amenazas.

Por lo anterior, le pedimos a la Fiscalía General, avanzar con prontitud en las investigaciones para esclarecer estos hechos, informar los resultados y llevar a la justicia a los autores materiales e intelectuales de las amenazas y ataques contra defensores y defensoras. Además, solicitamos a la Unidad Especial de la Fiscalía, creada para casos de amenaza y homicidio de defensores y defensoras, que le den prioridad a los asesinatos en el suroccidente y las amenazas en Barrancabermeja.

Reafirmamos nuestro respaldo al acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC, e insistimos preservar el cese bilateral de hostilidades mediante la implementación oportuna y efectiva de lo acordado; pero creemos que en un escenario de violencia contra los líderes y defensores de Derechos Humanos, como el actual, hay que redoblar los esfuerzos y crear mecanismos eficientes para alcanzar una paz una paz estable y definitiva. . ¡Es imperativo que cesen las agresiones!

  • Pensamiento y Acción Social – PAS
  • Protection International – PI
  • Peace Watch Switzerland – PWS
  • Programa Somos Defensores
  • Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR
  • Colectivo ANSUR
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL
  • Diakonia
  • Fondo Defender la Tierra – Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz – CINEP/PPP
  • El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
  • Fondo para ayudas de emergencia y fortalecimiento organizacional en protección y autoprotección – FFP. Integrado por:
    • Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
    • Corporación AVRE
    • Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta – Justapaz
    • Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Parar los asesinatos y amenazas contra el movimiento social.

Creer en la paz no debe costar la vida.
25 de Noviembre 2016

La  Mesa  Psicosocial,  coordinación  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil  con  reconocida experiencia en el acompañamiento y atención psicosocial a víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia, comprometida con las víctimas y las realidades que enfrentan las comunidades en el territorio, no puede ser ajena a los últimos hechos de asesinatos y amenazas después que se han producido durante este gobierno y se continúan presentando, aún después de la firma Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con las FARC.

En medio del miedo, la esperanza nació con la firma de los acuerdos, miles de víctimas, líderes, hombres, mujeres, indígenas, afros, campesinos, LGTB, comunidades y organizaciones sociales, respaldamos el acuerdo para la terminación del conflicto armado en Colombia, sin embargo, la lucha por la paz no ha sido garantía para la protección del derecho a la vida y la integridad. Durante estos últimos días hemos presenciado como en Caquetá, Meta, Nariño y Cauca, fueron asesinados 6 líderes defensores de derechos humanos y también se han denunciado situaciones de amenazas y atentados. Creer en y trabajar por la paz no puede costar la vida.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a garantizar el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y acelerar la implementación de la “Comisión de Alto Nivel de Garantías de Seguridad” establecida en el Acuerdo para lograr el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares que continúan operando en el país y a la Fiscalía a investigar y esclarecer efectivamente estos hechos para dar con el paradero de los responsables.

También llamamos a la comunidad internacional y en particular a las Naciones Unidas, los gobiernos acompañantes y garantes de los procesos de Paz y a las organizaciones defensoras de derechos humanos a denunciar en todos los niveles esta grave situación y exigir al gobierno nacional el respeto de la vida y las garantías de participación de la sociedad civil en la implementación de los acuerdos recién firmados con las FARC y en el proceso de diálogo con el ELN para garantizar una paz completa, estable y duradera.

Desde nuestra perspectiva la construcción de un país en paz, debe ser un ejercicio reparador y no revictimizador; La esperanza que nace con la firma del acuerdo no puede desaparecer ante el miedo que se repitan los hechos de violencia que durante décadas ha padecido el movimiento social en campos y ciudades. Como Mesa Psicosocial seguiremos aportando con amor, solidaridad y compromiso a la construcción de un país en paz, donde la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición son pilares fundamentales de una paz con justicia social.

Mesa Psicosocial

La Mesa Psicosocial conformada por organizaciones y profesionales: Corporación AVRE (Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de la Violencia política) , Tejidos del Viento, Costurero de la Memoria, Colectivo Ansur, CAPS (Centro de Atención Psicosocial), Corporación Vínculos, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Colectivo Psicosocial Colombiano Copsico, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Diego Fernando Abonía V, Carmen Sánchez.