El crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en el país centroamericano como se expone a lo largo del informe con una extensa descripción de asesinatos, amenazas y otro tipo de ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

En contraste con la impunidad en la que quedan las agresiones en contra de los/as defensores/as debido a la ineficacia de la fiscalía y el poder judicial hondureños y a la falta de investigaciones efectivas por su parte, destacan los numerosos procesos de criminalización de personas defensoras y el nivel de diligencia que el sistema judicial emplea para que los procesos en su contra avancen.

En este contexto de grave crisis para la defensa de los derechos humanos en Honduras, en agosto de 2016, el Relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en la CIDH, José de Jesús Orozco, afirmaron que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos.