Manual para prevenir la criminalización de los defensores del derecho a la tierra y el territorio.

Pensamiento y Acción Social (PAS) y Protection International (PI) publican el manual para prevenir la criminalización de los defensores del derecho a la tierra y el territorio. Este texto ofrece elementos prácticos y de reflexión para los defensores rurales y sus comunidades, sobre cómo la estigmatización, criminalización y judicialización son utilizadas para desestabilizar y debilitar sus procesos organizativos de defensa de derechos, caracterizándose como una estrategia más para consolidar el despojo de sus tierras.

Los defensores se enfrentan a diferentes tipos de riesgos y agresiones. Quienes se oponen a su trabajo, buscan inmovilizarlos, atemorizarlos, detener sus procesos de defensa de la tierra y, así, consolidar sus proyectos.

Por lo anterior, se espera que el manual sirva como una herramienta de fortalecimiento de la labor de los defensores rurales, que continúan resistiendo pacíficamente y luchando por la defensa legítima de sus derechos y su permanencia en el territorio.

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Marta, la de la Lopez. Así aprendí, así desaprendí.

El libro “Marta, la de la Lopez. Así aprendí, así desaprendí”, escrito por Virginia Marta Velázquez y Melissa Cardoza y editado por la Red Nacional de Defensoras, narra la historia de lucha de una mujer, Marta Velàzquez, feminista y defensora de derechos humanos, con el objetivo de, en palabras de la propia Marta: “escucharnos, recuperar nuestra palabra, reconocernos y reconocer en otras el fantástico poder de transformar el mundo”. Y recuperar las palabras, nos dice Yéssica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras, en el prólogo: “pasa por contar lo que muchas mujeres defensoras hacen en sus territorios, no solo en los momentos de las alertas y crisis, sino contar la historia desde la mirada de las mujeres, nombrar a esas que han caminado antes y junto a nosotras y que lo siguen haciendo”.

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Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental.

El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental. Cáceres dedicó su galardón a «las y los mártires por la defensa de los bienes naturales» y añadió: «la Madre Tierra, militarizada, cercada, envenenada, […] nos exige actuar». Desgraciadamente, ni siquiera ser el centro de la atención internacional fue suficiente para salvarla.

Encajonado entre Guatemala y Nicaragua, en la costa caribeña, Honduras es un país cubierto de bosques y rico en minerales valiosos. Sin embargo, los beneficios que se obtienen de esta riqueza natural solo los disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 2,50 dólares estadounidenses (USD) al día.

En este informe se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

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Una investigación culpa a las élites hondureñas de los asesinatos de activistas.

eldiario,

Importantes figuras políticas y magnates comerciales están implicados en la ola de violencia contra activistas medioambientales en Honduras. Así lo confirma una investigación llevada a cabo por la organización Global Witness, que asegura que las élites del país están utilizando métodos criminales para aterrorizar a las comunidades con total impunidad.

Al menos 123 activistas medioambientales han sido  asesinados en Honduras desde que un golpe de Estado expulsó del poder al presidente Manuel Zelaya. Muchas de las víctimas han sido miembros de comunidades indígenas y rurales que se oponen a grandes proyectos en sus territorios.

El asesinato el año pasado de la activista indígena Berta Cáceres, que ganó el prestigioso galardón medioambiental Goldman en 2015, desencadenó una condena internacional, pero Honduras ha fracasado a la hora de poner fin al derramamiento de sangre.

A Cáceres la mataron a tiros después de años de amenazas de muerte y de persecución por parte del Estado. Las amenazas y la persecución fueron consecuencia de su campaña contra la presa hidroeléctrica Agua Zarca (que recibe financiación internacional) en el río Gualcarque, un lugar sagrado para el pueblo Lenca.  Dos de sus compañeros han sido asesinados desde entonces.

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Relator Sr. Michel Forst alerta sobre la violencia específica que enfrentan las defensoras de DDHH.

Foto: ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX)

IM-Defensoras, enero 25, 2017

Durante la conferencia de prensa que ofreció ayer para informar sobre las recomendaciones preliminares derivadas de su visita oficial a México, el Relator de la ONU sobre personas defensoras de derechos humanos, Sr. Michel Forst, realizó varias menciones a la situación específica de riesgo y agresiones que enfrentan las mujeres defensoras en el país, reconociendo que para él se trata de “un tema de alta importancia”.

El Relator informó que tras reunirse con mujeres defensoras y escuchar sus testimonios había decicido dedicar un capítulo entero de su informe a la situación específica de las defensoras, pues “la situación es preocupante”.

Destacó que las defensoras son atacadas no solo por el hecho de ser defensoras, sino también por ser mujeres, así como la existencia de patrones de violencia con un alto componente de género. En este sentido, mencionó que las defensoras son objeto tanto de ataques directos como de ataques dirigidos hacia sus familias, lo que debe ser tenido en cuenta de cara a generar medidas de protección específicas para ellas.

En el apartado dedicado a periodistas también hizo especial hincapié al contexto particular que enfrentan las mujeres periodistas. Las circunstancias bajo las cuales las madres y familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a convertirse en defensoras de derechos humanos en su búsqueda de verdad y justicia fue otra de las cuestiones destacadas por el Relator.

A nivel general, el Relator enfatizó el alto nivel de corrupción e impunidad (98%) reinante en el país, la responsabilidad de actores estatales en la mayoría de agresiones, así como el papel del crimen organizado y la necesidad de desarrollar una mirada interseccional, mostrando especial preocupación por el contexto que enfrentan las comunidades indígenas y quienes defienden el territorio y el medioambiente.

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