¿La cooperación española apoya una agenda de represión en derechos humanos para el pueblo hondureño?

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Público, 7 de junio de 2017

Jéssica Sánchez, Guillermo López Lone, Tommy Morales, Romina Serna y Grecia Lozano
Miembros de la Articulación 611, un espacio en el que confluyen organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, movimientos campesinos y otras.

Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times, en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos.  En 2016 Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con los culpables de estos crímenes.

El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.

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