La integración de una perspectiva psicosocial en el trabajo de derechos humanos.

Maik Müller June 27, 2017

A través de mi trabajo con Peace Brigades International (PBI) (Brigadas Internacionales de Paz), he estado en contacto con varios miembros de ONG locales e internacionales que trabajan en temas de derechos humanos, pero pocas (si es que alguna) de estas organizaciones han integrado un enfoque claro para contrarrestar los efectos psicosociales negativos del trabajo de derechos humanos en contextos represivos.

Como consultor independiente, colaboré hace poco tiempo con PBI para documentar y sistematizar el trabajo que ha realizado PBI México durante los últimos 10 años. Nuestro estudio de caso indica que la inclusión de una perspectiva psicosocial puede ser un mecanismo importante para fortalecer las organizaciones de derechos humanos y a sus integrantes. En nuestras encuestas y entrevistas, antiguos miembros y miembros actuales de la organización dieron una variedad de ejemplos de cómo la integración de una perspectiva psicosocial, además del uso de protocolos y herramientas específicos, llevó a un aumento de la resiliencia, una reducción de los conflictos internos y mejoras en el trabajo de seguridad y protección.

Las entrevistas y encuestas también revelaron que la sensibilización y la concienciación acerca de los efectos psicosociales de la violencia política (y del trabajo de derechos humanos en esos contextos) son elementos clave: las personas que están conscientes de los efectos psicosociales de la represión están más dispuestas a priorizar un autocuidado adecuado.

Artículo completo y Estudio de caso.

Nuevas amenazas contra los defensores de los derechos humanos requieren nuevos tipos de protección.

Padre Melo, July 11, 2017

Más allá de las historias trágicas y de las estadísticas impresionantes acerca de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos atacados y asesinados en Mesoamérica, hay una realidad cada vez más compleja y un grande desafío: ¿cómo los activistas pueden mejor protegerse cuando desafiados por las amenazas y la violencia de actores ocultos y de un estado cómplice? Esta fue la pregunta clave hecha por el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales y JASS (Just Associates) a un grupo de defensores, financiadores y organizaciones internacionales reunidas en la Ciudad de México, en enero de 2017.

Nuestras reflexiones, capturadas en un corto y un reportaje aquí, nos llevaron a ver la necesidad de un análisis más profundo del poder, género y raza de los actores y estructuras que perpetúan esta violencia. Como financiadores y organizaciones de protección, nuestra tarea es orientar nuestro apoyo técnico y financiamiento a las estrategias de protección colectiva lideradas por la comunidad que los defensores consideren más efectivas en su contexto. La tarea de los defensores de la región es articulada a continuación por el defensor hondureño Padre Melo, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), y en las entrevistas realizadas con Claudia Samayoa (UDEFEGUA, Guatemala), Miriam Miranda (OFRANEH, Honduras) y Abel Herrera (CDHM Tlachinollan, México).

 – James Savage and Ana Paula Hernández

[…]

¿Cómo proteger a las personas defensoras de derechos humanos? Durante décadas, los Estados de Centroamérica han aprobado mecanismos protectores de defensoras y defensores. Si fuese por legislación, los Estados mesoamericanos deberían catalogarse como defensores de derechos humanos. Conviene siempre apelar a dichos instrumentos, sin embargo, los Estados están incapacitados para dar cumplimiento a las leyes y mecanismos que aprueban si su función y su quehacer están remitidos a proteger a los poderosos de la sociedad.

La única alternativa es que la protección de los defensores y defensoras resida primordialmente en ellos mismos—especialmente a través de la protección comunitaria y colectiva—y en su capacidad de analizar su entorno, de establecer alianzas y de dar una dimensión politizada a su labor. Desde este punto de vista, hay algunas tareas fundamentales que las organizaciones defensoras de derechos humanos tienen que realizar…

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Defender la tierra

Global Witness, julio 2017

Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.

El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.

Jakeline Romero, de Colombia, ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto, operado por una entidad local, es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. (1)

Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas. – Jakeline Romero

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#GobiernoEspía: espionaje al GIEI confirma necesidad de un Panel Independiente

CentroProdh, lunes, 10 julio 2017

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.

2. El caso del GIEI, confirmado por Citizen Lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH.

3. La gravedad de esta revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que hemos elevado: Primero, generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.

Información relacionada:

#GobiernoEspía: Vigilancia masiva del gobierno mexicano hacia defensores/as y organizaciones de derechos humanos.

Red TDT externa preocupación por los intentos de espionaje en contra de defensores de derechos humanos que la conforman.

Espionaje en México: Diputados europeos llaman a la creación de una Comisión Internacional.

 

México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad.

fidh, 05/07/2017, Informe Corte Penal Internacional (CPI)

La FIDH, junto a varias organizaciones mexicanas, emite hoy una comunicación (informe) al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando que se abra un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, de 2009 a 2016. Esta comunicación se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década. Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil. La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

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