Honduras. Represión y criminalización frente a la protesta social.

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En los últimos ocho años Honduras ha vivido los niveles de violencia jamás tenidos en su historia, habiendo ostentado el título de país más violento y peligroso del mundo y aunque el promedio de homicidios ha bajado de 86 por cada 100 mil habitantes (2011 – 2012) a 59 por 100 mil habitantes (2016), éste está más de nueve veces por encima del promedio mundial (6,4 por 100 mil habitantes).

Las causas de la violencia en el país son múltiples; pero, destacan la narcoactividad y las maras. Actividades delictivas que son alimentadas por la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo. Tanto los capos de la droga como los líderes de las maras, encuentran en estos tres factores los espacios territoriales y los sectores sociales propicios para reclutar sus soldados y realizar su actividad delictiva. Finalmente, la causa principal de la violencia en Honduras es la corrupción de los agentes encargados de la persecución del delito y de los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) que propician la impunidad en el país. La participación activa y pasiva de estas instituciones en el crimen organizado es evidente, no solo por el personal perteneciente a ellas, señalado e incluso extraditado por su dolosa actividad delictiva, sino, porque no hay otra manera de explicarse, cómo en un pueblo tan pequeño, donde todo mundo se conoce, sean tan incapaces de encontrar los verdaderos capos de la extorsión y el sicariato.

La violencia es generadora de inseguridad, no solo la real inducida por las acciones criminales y la falta de respuesta, sino, la que se percibe porque está latente en el entorno. Desde el anterior gobierno, la población ha venido financiando a los gobernantes, supuestamente para combatir el crimen y brindar seguridad, no solo con cargas impositivas extraordinarias como la Tasa de Seguridad (más de 15 mil millones de lempiras, incluyendo deuda contraída con el sistema bancario desde el 2012)2, sino, a través de sus incrementos en el Presupuesto del Estado a expensas de la reducción de las asignaciones presupuestarias para salud y educación. En el 2015 se redujeron L. 174,8 millones a Salud y L. 708,5 millones a Educación, mientras se incrementaron 306 millones a Defensa. El presupuesto general de 2017, asignó a Salud 13 mil 904 millones, cifra inferior a los 14 mil 3 millones otorgados a Seguridad y Defensa3. A la Secretaría de Salud le fueron restados 300 millones de lempiras respecto al 2016.

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