Honduras: Comunicado de fin de misión: La tortura, una realidad oculta que urge abordar

Ginebra – Ciudad de Guatemala, 25 de junio de 2018.- Una delegación internacional compuesta por expertos internacionales e integrantes de organizaciones de derechos humanos que provienen de Argentina, Guatemala y Suiza[1] ha visitado Honduras entre 18 y el 22 de junio de 2018 para verificar la situación de la tortura en el país y las medidas adoptadas por parte de las instituciones del Estado para erradicarla y garantizar el acceso a la justicia y reparación de las víctimas.

La misión internacional, iniciativa conjunta de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, agradece la colaboración y el diálogo entablado con las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones del estado y víctimas que participaron en distintas reuniones, visitas y actividades llevadas a cabo en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas en el transcurso de los últimos años han emprendido reformas legales e institucionales importantes para fortalecer el sistema de justicia y las instituciones penitenciarias con el fin de incorporar salvaguardias contra la comisión de hechos de tortura y malos tratos. Asimismo, Honduras se ha sometido al escrutinio de múltiples mecanismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, destacando varias visitas de Relatores de la ONU y exámenes por parte de Comités del Sistema Universal de Derechos Humanos.

Sin embargo, consideramos que es urgente que se tomen medidas firmes y contundentes para revertir los problemas y desafíos que hemos podido constatar, tomando como referencia las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su última evaluación de Honduras en agosto de 2016 (CAT/C/HND/CO/2).

Comunicado completo

México en la encrucijada permanente.

Tras las visitas realizadas la delegación, a la vista de las informaciones recibidas por parte de personas, entidades e instituciones y teniendo en cuenta la documentación que le ha sido aportada considera que:

El mecanismo nacional de protección creado en el año 2012, y las medidas que pueden derivar del mismo, pese a ser útiles en determinados momentos y los esfuerzos realizados deben ser objeto de reconocimiento y consideración. No obstante, el enfoque material que prevalece sobre las medidas acordadas hace que éstas no sean suficientes a la hora de prevenir riesgos y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y entidades en riesgo. La falta de atención integral con perspectiva de género, de adecuación al contexto, así como, la saturación y la lentitud en su aplicación, son las principales críticas que se vierten sobre el mismo.

En un contexto de impunidad que alcanza cotas insoportables superiores al 95% y con un sistema de justicia penal acusatorio pendiente de aplicación real en un importante número de estados, el cambio/ renovación de la Fiscalía General se percibe, con reservas y dudas, como una oportunidad de regeneración de la institución.

Por el contrario, tanto las elecciones presidenciales como los desafíos normativos pendientes; el proyecto de Ley de Seguridad Interior; La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan preocupación y un escepticismo más que razonable dados los antecedentes históricos. Cabe precisar que en materia de seguridad las preocupaciones se centran en la promulgación misma de la Ley por el fuerte incremento de la criminalidad experimentado en el pasado cuando las fuerzas armadas asumieron funciones de fuerza pública.

En materia de tortura y desapariciones, la preocupación no reside en la adopción de los textos legislativos considerados claros avances en materia de protección de derechos humanos sino en la puesta en marcha de las instancias administrativas y procedimientos necesarios para asegurar su aplicabilidad efectiva.

Los espacios de articulación entre instituciones y la sociedad son una oportunidad para generar confianza y consolidar nuevas formas de hacer que reviertan, positivamente, en la implementación de estas normas, poniendo el respeto a las personas y sus necesidades en el centro de los objetivos de aplicación de estas.

INFORME: MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA PERMANENTE

MEXICO LA ENCRUCIJADA RESUMEN EJECUTIVO

 

Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras.

Entre 2015 y 2016, la IM-Defensoras ha registrado 2,197 agresiones a defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Las defensoras en Mesoamérica trabajan en un contexto caracterizado por la impunidad, la corrupción y el cierre de espacios democráticos, con Estados que fallan en garantizar los derechos de los pueblos y se han convertido en instrumentos para servir y proteger los intereses de las corporaciones, el crimen organizado y las oligarquías nacionales y transnacionales; enfrentando un alarmante aumento de la violencia y las desapariciones en un territorio cada vez más militarizado en el continente con mayor desigualdad del mundo. A todo ello se suma un aumento sistemático generalizado de los niveles de violencia de género y violencia contra mujeres, niñas y población LGBTI.

Este contexto requiere de movimientos sociales y defensoras que puedan desarrollar su quehacer en condiciones de seguridad con alternativas de protección eficaces y sensibles a sus circunstancias. Alternativas que construimos nosotras mismas, ante la casi nula capacidad y voluntad política de nuestros Estados para garantizar la defensa de los derechos humanos que realizan miles de mujeres.

Ante la falta de registros oficiales confiables y con perspectiva de género en México y Centroamérica que permitan conocer la dimensión de las agresiones contra las defensoras de derechos humanos, para la IM-Defensoras es prioritario construir y aportar información fidedigna y sistemática sobre la realidad que enfrentan las defensoras en la región, pues la ausencia de éstos es un factor de riesgo para las mujeres que trabajan por los derechos humanos.

El presente informe “Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica. Informe 2015-2016 de agresiones a defensoras”, es el resultado del trabajo colectivo conjuntado en el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos en cada uno de los países y del trabajo que en éstos desarrollan las respectivas redes nacionales de defensoras.

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Impunidad de las violencias contra mujeres defensoras de los territorios, los bienes comunes y la naturaleza en América Latina

El Informe Regional: Impunidad de las violencias contra mujeres defensoras de los territorios, los bienes comunes y la naturaleza en América Latina recoge el trabajo colectivo del Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL) junto a 14 fondos feministas y organizaciones locales, nacionales, regionales e internacionales, étnico-comunitarias, de mujeres, feministas y ambientalistas. Nosotras, comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos y de la naturaleza y la protección integral de las mujeres activistas y comunidades que resisten a la agroindustria, las hidroeléctricas, los proyectos extractivos y de infraestructura en América Latina, consideramos esencial presentar los patrones sistemáticos de negación de justicia u omisión por parte de los estados en el tratamiento de las violencias cometidas hacia las defensoras.
En años anteriores, hemos documentado los ataques específicos contra las defensoras de los territorios en distintos países de la Región, así como los impactos diferenciados de dichas agresiones y los patrones de criminalización ejercidos para neutralizar sus poderosas luchas. Ante el continuum alarmante de las violencias contra las mujeres activistas, y la constatación de que la impunidad en estos crímenes constituye la regla, elaboramos este informe con el objetivo de proporcionar elementos claves para la comprensión de este fenómeno y sus manifestaciones específicas basadas en género, desde una mirada feminista.

Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el presente informe se presentan las conclusiones de la observación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Honduras en relación con las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto post-electoral. Ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la fase preelectoral, pero se centra en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero de 2018.

El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía.

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