Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: La deuda del Estado mexicano.

Serapaz, ciudad de México, 26 de julio 2017.

El día de hoy el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) presenta su tercer diagnóstico en torno a los avances y limitaciones en la implementación de la política destinada a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

El informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano” identifica los desafíos estructurales en el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, así como la falta de una política integral para proteger y prevenir los riesgos que enfrenta este sector de la población.

Ante la escalada de agresiones, desprestigio y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se ha presentado este año en México, el Espacio OSC presenta un análisis sobre los obstáculos y retos de la política destinada a protegerles. A continuación, enumeramos los elementos principales de análisis del tercer diagnóstico del Espacio OSC…

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Defender la tierra

Global Witness, julio 2017

Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.

El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.

Jakeline Romero, de Colombia, ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto, operado por una entidad local, es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. (1)

Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas. – Jakeline Romero

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#GobiernoEspía: espionaje al GIEI confirma necesidad de un Panel Independiente

CentroProdh, lunes, 10 julio 2017

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.

2. El caso del GIEI, confirmado por Citizen Lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH.

3. La gravedad de esta revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que hemos elevado: Primero, generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.

Información relacionada:

#GobiernoEspía: Vigilancia masiva del gobierno mexicano hacia defensores/as y organizaciones de derechos humanos.

Red TDT externa preocupación por los intentos de espionaje en contra de defensores de derechos humanos que la conforman.

Espionaje en México: Diputados europeos llaman a la creación de una Comisión Internacional.

 

México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad.

fidh, 05/07/2017, Informe Corte Penal Internacional (CPI)

La FIDH, junto a varias organizaciones mexicanas, emite hoy una comunicación (informe) al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando que se abra un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, de 2009 a 2016. Esta comunicación se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década. Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil. La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

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La defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo. Manual

RLS/BMZ/Misereor/Pan por el Mundo, 2015

Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de México y de toda la región, se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de “desarrollo e infraestructura” o “proyectos a gran escala” —a los que también podemos nombrar como proyectos de despojo—, que vulneran sus derechos.
Dichos proyectos, según el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), son emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, con fines comerciales o bajo el argumento del bien común, y suponen la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, lo que genera un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.
Y se refieren principalmente —aunque no exclusivamente— a la industria minera u otra industria extractiva (gas, incluso el de esquisto o shale obtenido a través de fractura hidráulica, y petróleo), a la construcción de presas (ya sea hidroeléctricas o para el almacenamiento de agua), trasvases hídricos, autopistas y vías urbanas, grandes proyectos inmobiliarios (edificios, unidades habitacionales, centros comerciales), proyectos turísticos, escaleras náuticas, aeropuertos, rellenos sanitarios, centros para el manejo de residuos tóxicos, compra o alquiler masivo de tierras, transgénicos, corredores industriales, plantas de generación de energía geotérmica, nuclear o proyectos eólicos.
Los pueblos atraviesan por un periodo histórico de despojo de sus territorios que no tiene punto de comparación con otros procesos de explotación de la naturaleza que se enfocaban principalmente en la extracción de minerales y petróleo.

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Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos  relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura