POR EL DERECHO A DEFENDER DERECHOS

La Comunidad Internacional ha llegado al acuerdo de promover y proteger los derechos humanos. Todos los Estados deben adoptar las medidas necesarias para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de estos derechos en condiciones de libertad y seguridad. Sin embargo, en el mundo en el que vivimos no solo abundan las guerras y dictaduras, sino que las democracias son cada vez más débiles, y los espacios para la sociedad civil se van cerrando. En general, han aumentado las asimetrías de poder, la desigualdad, la exclusión y las múltiples formas de discriminación.

Los defensores y defensoras alzan la voz en favor de la libertad de expresión, cuestionan el racismo y el patriarcado, condenan la tortura, luchan por la defensa de la tierra y el medio ambiente, exigen responsabilidades y construyen alternativas para lograr la justicia, la igualdad y la paz. Por su parte, gobiernos, grupos armados, empresas se esfuerzan en silenciar y desacreditar su labor para proteger sus intereses por encima de los derechos humanos, catalogándoles como delincuentes, indeseables, terroristas, antipatriotas o contrarios al desarrollo. Habitualmente se les criminaliza y se hace un uso indebido del derecho penal para paralizar sus reivindicaciones y debilitar sus organizaciones.

Cada día, numerosos defensores y defensoras sufren persecución, amenazas, encarcelamiento, torturas, asesinatos o son víctimas de desaparición forzada por su compromiso con la defensa de los derechos. Las mujeres defensoras sufren, además, un impacto diferenciado: violencia sexual, ataques a sus familias, se cuestiona su liderazgo como mujeres y cuentan con menos respaldo social y menor acceso a las medidas de protección existentes. Legislaciones y mecanismos de protección fallan a la hora de garantizar su vida, libertad sexual, integridad. Según Front Line Defenders desde que se adoptó la Declaración sobre Defensores y Defensoras de 1998, más de 3.500 defensores/as de los derechos humanos han sido asesinados/as por su labor pacífica de defensa de estos derechos.

El Mecanismo de la Unión Europea para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en el periodo 2016 y 2017 ha publicado un total de 1.587 alertas, entre las que se incluyen 384 por homicidios,  842 por criminalización, 195 por amenazas, 91 por agresiones y 75 por medidas privativas de libertad. En al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos, como periodistas, sindicalistas, abogados/as, defensores/as de derechos de las mujeres o de colectivo LGTBI y, sobre todo, a defensores/as del territorio y los bienes naturales comunes frente a la instalación de megaproyectos; en 63 países defensores y defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio; en 68 países fueron objeto de arresto o detención solo por su labor pacífica; en 94 países recibieron amenazas o sufrieron agresiones.

Por todo ello, las organizaciones firmantes queremos reconocer de manera pública el papel fundamental de los defensores y defensoras, sus organizaciones y movimientos; y sus esfuerzos para realizar su labor en un contexto de gran violencia y deterioro democrático y protegerse de unos ataques cada vez más graves y frecuentes. Los Estados, por acción u omisión son responsables de las causas profundas que provocan estos ataques y deben  garantizar un espacio seguro en el que puedan desempeñar este papel crucial en condiciones de libertad y seguridad. Por todo lo anterior, exigimos a las autoridades públicas competentes que:

  • Reconozcan públicamente, al más alto nivel de Gobierno, el papel esencial que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos.
  • Investiguen, procesen y, en su caso, condenen a los perpetradores de los ataques contra defensores/as de derechos humanos así como asegurar a las víctimas el acceso a una reparación efectiva.
  • Prioricen en la agenda política e institucional las iniciativas que permitan garantizar un espacio seguro para los defensores y defensoras, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
  • Garanticen que las empresas, en sus territorios y en sus actuaciones en otros países, no violen los derechos humanos y que, en los casos en los que sí suceda, se indemnicen los daños y se depuren las responsabilidades.

Madrid, 12 diciembre de 2017

 

 

 

 

 

Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: La deuda del Estado mexicano.

Serapaz, ciudad de México, 26 de julio 2017.

El día de hoy el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil Para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC) presenta su tercer diagnóstico en torno a los avances y limitaciones en la implementación de la política destinada a la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México.

El informe “Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas: la deuda del Estado mexicano” identifica los desafíos estructurales en el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, así como la falta de una política integral para proteger y prevenir los riesgos que enfrenta este sector de la población.

Ante la escalada de agresiones, desprestigio y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se ha presentado este año en México, el Espacio OSC presenta un análisis sobre los obstáculos y retos de la política destinada a protegerles. A continuación, enumeramos los elementos principales de análisis del tercer diagnóstico del Espacio OSC…

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Defender la tierra

Global Witness, julio 2017

Nunca fue más letal tomar una posición contra las empresas que roban tierras y destruyen el medio ambiente. Nuestro nuevo informe titulado Defender la Tierra revela que casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.

El asesinato es sólo una de las tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, también se incluyen amenazas de muerte, arrestos, agresiones sexuales y ataques legales agresivos.

Jakeline Romero, de Colombia, ha enfrentado amenazas e intimidaciones durante años por manifestarse en contra de los impactos devastadores de El Cerrejón, la mina a cielo abierto más grande de América Latina. El proyecto, operado por una entidad local, es propiedad de Glencore, BHP Billiton y Anglo-American, empresas que cotizan en la bolsa de Londres, y ha sido señalado como culpable de la escasez de agua y de desplazamientos masivos. (1)

Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas. – Jakeline Romero

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#GobiernoEspía: espionaje al GIEI confirma necesidad de un Panel Independiente

CentroProdh, lunes, 10 julio 2017

Ciudad de México, a 10 de julio de 2017. El día de hoy se hizo público un informe de Citizen Lab, consignado por el diario The New York Times, en el que se confirma que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue objeto del uso del spyware Pegasus. Frente a estas revelaciones, las organizaciones que elaboramos y respaldamos el Informe #GobiernoEspía expresamos:

1. La comprobación de nuevos intentos de espionaje confirma que el uso de Pegasus obedeció a una amplia operación de uso indebido de espionaje que debe ser investigada. No sólo fueron espiados y espiadas periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, sino que hoy sabemos que también lo fueron líderes de partidos políticos e incluso integrantes de un mecanismo internacional de asistencia técnica.

2. El caso del GIEI, confirmado por Citizen Lab, es especialmente grave dado que fue el propio Estado mexicano el que solicitó su presencia en el país para brindar asistencia internacional en el caso Ayotzinapa, mediante un acuerdo en que se les aseguraba inmunidad diplomática por tratarse de un grupo formalmente designado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[1]. Por tanto, el espionaje en su contra podría tener graves implicaciones en términos de derecho internacional y refuerza la necesidad de un panel internacional que supervise la indagatoria, como lo han señalado los propios integrantes de la CIDH.

3. La gravedad de esta revelación corrobora la pertinencia de las dos exigencias básicas que hemos elevado: Primero, generar mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación, tales como la intervención de un Panel de Expertos y Expertas Independientes, que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos. Segundo, que a la brevedad se transparenten todos los contratos y demás documentos relacionados con el proceso de contratación de la tecnología Pegasus por parte de todas las dependencias que pudieron haber adquirido este spyware de la empresa NSO o similares vendedoras de servicios de espionaje.

Información relacionada:

#GobiernoEspía: Vigilancia masiva del gobierno mexicano hacia defensores/as y organizaciones de derechos humanos.

Red TDT externa preocupación por los intentos de espionaje en contra de defensores de derechos humanos que la conforman.

Espionaje en México: Diputados europeos llaman a la creación de una Comisión Internacional.

 

México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad.

fidh, 05/07/2017, Informe Corte Penal Internacional (CPI)

La FIDH, junto a varias organizaciones mexicanas, emite hoy una comunicación (informe) al Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitando que se abra un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, de 2009 a 2016. Esta comunicación se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la FIDH con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas.

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década. Esta comunicación detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil. La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

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