Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión

Las Américas han avanzado en el reconocimiento formal del derecho de las mujeres a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y no discriminación y en la eliminación de barreras legales que tradicionalmente impidieron su pleno ejercicio.
Cada vez son más las mujeres que participan en la construcción y fortalecimiento de un gobierno representativo, transparente y responsable en muchos países y cada vez son más las periodistas y las defensoras de los derechos humanos abocadas al ejercicio, la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. En particular, las tecnologías de la información y las comunicaciones han facilitado y ampliado las posibilidades de millones de mujeres de participar activamente en la vida política, económica, cultural y social, incluyendo los medios de comunicación social.

A pesar de estos notables avances, las mujeres que habitan en la región aún enfrentan obstáculos estructurales y prácticas discriminatorias que las excluyen del debate público y les impiden ejercer en iguales condiciones que los hombres, y de manera vigorosa y permanente, su derecho a expresar públicamente sus ideas y opiniones y recibir información. Muchos de estos obstáculos y prácticas son manifestaciones de la discriminación basada en el género, además de otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, que sufren las mujeres en la región y que sigue generando disparidades en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en comparación con sus pares hombres.

El impacto de estas prácticas discriminatorias es particularmente grave en el caso de mujeres que ejercen la libertad de expresión de manera activa y mantienen un alto perfil público, tales como las mujeres periodistas, las mujeres defensoras de derechos humanos y las mujeres políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Además de los riesgos de amenazas y violencia que enfrentan todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la región, las mujeres que pertenecen a estos grupos están expuestas a riesgos adicionales o específicos. Al desafiar estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública, se ven enfrentadas a la violencia y la discriminación contra las mujeres basada en su género, así como a formas diferenciadas de violencia por parte de actores estatales y no estatales. A su vez, enfrentan desprotección y obstáculos en el acceso a la justicia, también diferenciados de sus compañeros varones.

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Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos

Comunicado de prensa 39/18.  28 de febrero de 2018

Bogotá, Colombia – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su informe “Hacia una política integral de protección a personas defensoras de derechos humanos” en el marco de su 167 Periodo de Sesiones, que se celebra en Colombia. El propósito de este informe es proveer a los Estados de la región una guía para el desarrollo de sus políticas internas, programas y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos, en concordancia con los estándares interamericanos de derechos humanos.

La labor de defensa de los derechos humanos en los países de América se ha convertido en una tarea extremadamente peligrosa», dijo la Presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette Macaulay. «Los niveles de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en nuestra región son alarmantes, y las tasas de impunidad para este tipo de crímenes son muy altas. El centro de la preocupación de la CIDH son las muertes violentas de personas defensoras, la impunidad en la que suelen quedar estos crímenes, y la situación de desprotección en que quedan todas las personas y grupos por quienes el defensor o la defensora trabajaba. Esto hace indispensable y urgente que los Estados adopten medidas efectivas para poner fin a esta situación», agregó.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un reto histórico

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras lo que la comunidad internacional calificó como el primer golpe de Estado del siglo XXI en ese país. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de Justicia, órgano integrado por miembros nombrados por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que promovieron dicho golpe. En ese contexto, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa del orden constitucional. Tras ello, fueron sancionados y removidos de la magistratura por la Corte, que acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían incurrido en actos contra la “dignidad” o el “decoro” de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 jueces, 3 de ellos pertenecientes a la asociación judicial Jueces para la Democracia. Además, el número de fiscales, abogados y juristas defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, ambas  fiscales del Ministerio Publico en la ciudad de San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora Publica en la ciudad de Catacamas.

En el año 2010, la asociación hondureña Jueces para la Democracia (AjD), una organización judicial legalmente reconocida y comprometida con la defensa de la independencia de la judicatura a la que pertenecen los jueces afectados, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asociación de defensa y promoción de los derechos humanos en América, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarase la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de diversos derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. La Comisión, tras la admisión y sustanciación de la petición, y ante el incumplimiento del Estado hondureño de las recomendaciones que le dirigió, en marzo de 2014 remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano equivalente en el ámbito regional americano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los días 2 y 3 de febrero de 2015 tendrá lugar la celebración de la vista oral ante el Tribunal en su sede en San José de Costa Rica.

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Derecho a la verdad en América.

CIDH, Comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2014

Washington, D.C. – Frente a los enormes desafíos que actualmente muchos Estados de la región afrontan a fin de garantizar los derechos de miles de víctimas luego de épocas de dictadura, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe sobre el Derecho a la Verdad en América.

La Comisión, a través de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que hubo durante dichos períodos. Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una “estrategia de guerra”.

En este contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe hace referencia específica a los avances y los desafíos en varios países de la región en esta materia. En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares. Asimismo, el informe señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni del o de los acusado(s).

El informe también resalta la absoluta incompatibilidad de las leyes de amnistía con derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como “secretos” o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones.

Lea el informe.

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CIDH condena a Colombia por las desapariciones tras el asalto al Palacio de Justicia en 1985

  • Es un paso más para establecer la verdad por las desapariciones durante “retoma” del Palacio de Justicia
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 10 de Diciembre una fuerte sentencia, no sólo por las desapariciones, sino también por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras vulneraciones.

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“Existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.

Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia notificada al Estado colombiano el pasado 10 de diciembre, justo el día en que el mundo conmemora el día internacional de los derechos humanos. En esta decisión se declaró la responsabilidad internacional de Colombia por una serie de graves violaciones a la Convención Americana de DDHH durante la “retoma” del Palacio de Justicia en Bogotá, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

[…]

Respecto a la sentencia sobre el Palacio de Justicia, la Corte IDH le ordenó al Estado que en un plazo razonable estableciera la verdad de los hechos y realizara lo necesario para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes”.

Consulte el texto completo de la sentencia

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