La Corte Interamericana de Derechos Humanos ante un reto histórico

El 28 de junio de 2009 se produjo en Honduras lo que la comunidad internacional calificó como el primer golpe de Estado del siglo XXI en ese país. A su éxito contribuyó la Corte Suprema de Justicia, órgano integrado por miembros nombrados por los partidos mayoritarios, Liberal y Nacional, que promovieron dicho golpe. En ese contexto, los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Barrios Maldonado y Tirza Flores Lanza, participaron en diversos actos de denuncia de los hechos y defensa del orden constitucional. Tras ello, fueron sancionados y removidos de la magistratura por la Corte, que acumulaba poderes jurisdiccionales y disciplinarios. El Tribunal entendió, a grandes rasgos, que habían incurrido en actos contra la “dignidad” o el “decoro” de sus cargos.

Desde el golpe de Estado han sido asesinados en Honduras, en circunstancias no esclarecidas, 6 jueces, 3 de ellos pertenecientes a la asociación judicial Jueces para la Democracia. Además, el número de fiscales, abogados y juristas defensores de derechos humanos asesinados desde el año 2010 es de 72. El pasado 10 de octubre de 2014 fueron asesinadas Marlene Janeth Banegas y Olga Patricia Eufragio, ambas  fiscales del Ministerio Publico en la ciudad de San Pedro Sula. De igual modo, a pocos días de este hecho, fue asesinada Iris Elizabeth Argueta, Defensora Publica en la ciudad de Catacamas.

En el año 2010, la asociación hondureña Jueces para la Democracia (AjD), una organización judicial legalmente reconocida y comprometida con la defensa de la independencia de la judicatura a la que pertenecen los jueces afectados, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), asociación de defensa y promoción de los derechos humanos en América, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se declarase la responsabilidad del Estado de Honduras por la violación de diversos derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969. La Comisión, tras la admisión y sustanciación de la petición, y ante el incumplimiento del Estado hondureño de las recomendaciones que le dirigió, en marzo de 2014 remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano equivalente en el ámbito regional americano al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los días 2 y 3 de febrero de 2015 tendrá lugar la celebración de la vista oral ante el Tribunal en su sede en San José de Costa Rica.

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Derecho a la verdad en América.

CIDH, Comunicado de prensa, 27 de noviembre de 2014

Washington, D.C. – Frente a los enormes desafíos que actualmente muchos Estados de la región afrontan a fin de garantizar los derechos de miles de víctimas luego de épocas de dictadura, conflictos armados internos y situaciones de violencia generalizada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe sobre el Derecho a la Verdad en América.

La Comisión, a través de sus distintos mecanismos, recopiló información de las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos que hubo durante dichos períodos. Eran una constante el fenómeno de la desaparición forzada, la aplicación de la jurisdicción penal militar y las leyes de amnistía a fin de liberar de responsabilidad a los responsables de violaciones de derechos humanos. También hubo, y en muchos casos se perpetúa, un patrón común en cuanto a la falta de acceso a la información sobre lo sucedido. El ocultamiento de la información fue en algunos países una política deliberada del Estado e incluso una “estrategia de guerra”.

En este contexto, el informe analiza las obligaciones que los Estados tienen en relación con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad frente a graves violaciones de derechos humanos. El informe hace referencia específica a los avances y los desafíos en varios países de la región en esta materia. En el caso de desapariciones forzadas, el informe destaca la obligación estatal de adoptar todas las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de las víctimas, identificar los restos exhumados y entregar los restos a sus familiares. Asimismo, el informe señala que los Estados no pueden continuar empleando la jurisdicción penal militar en casos de violaciones de derechos humanos, sin importar el carácter civil o militar de la víctima ni del o de los acusado(s).

El informe también resalta la absoluta incompatibilidad de las leyes de amnistía con derecho internacional de los derechos humanos, sin hacer distinción sobre su naturaleza o momento de adopción. Todas las instituciones estatales tienen el deber de aportar toda documentación de cualquier tipo, incluyendo archivos militares o documentos clasificados como “secretos” o bajo cualquier otra denominación que restrinja su circulación, a fin de contribuir con las investigaciones que se realicen por este tipo de graves violaciones.

Lea el informe.

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CIDH condena a Colombia por las desapariciones tras el asalto al Palacio de Justicia en 1985

  • Es un paso más para establecer la verdad por las desapariciones durante “retoma” del Palacio de Justicia
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 10 de Diciembre una fuerte sentencia, no sólo por las desapariciones, sino también por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras vulneraciones.

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“Existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.

Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia notificada al Estado colombiano el pasado 10 de diciembre, justo el día en que el mundo conmemora el día internacional de los derechos humanos. En esta decisión se declaró la responsabilidad internacional de Colombia por una serie de graves violaciones a la Convención Americana de DDHH durante la “retoma” del Palacio de Justicia en Bogotá, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

[…]

Respecto a la sentencia sobre el Palacio de Justicia, la Corte IDH le ordenó al Estado que en un plazo razonable estableciera la verdad de los hechos y realizara lo necesario para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes”.

Consulte el texto completo de la sentencia

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CIDH expresa preocupación por la violencia generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte de Estados Miembros de la OEA

CIDH, 17 de diciembre de 2014

violenciaLGBTI-esWashington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa monitoreando la situación de violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en América. En ese marco, la Comisión ha documentado asesinatos y otros actos de violencia grave contra personas LGBT durante un período de quince meses (entre el 1° de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014) y ha publicado un Anexo al presente comunicado que contiene un análisis de dicha información. A través del Registro de Violencia, la Comisión observó que, durante dicho período, al menos 594 personas que eran LGBT o eran percibidas como tales fueron asesinadas y que al menos 176 fueron víctimas de graves ataques contra su integridad física supuestamente relacionados con su orientación sexual o su identidad o expresión de género en 25 Estados Miembros de la OEA.

La CIDH observa que la mayoría de los Estados Miembros de la OEA no recopilan datos sobre la violencia contra personas LGBT. En ese contexto, excepto por unas pocas fuentes estatales, la CIDH debió llenar este vacío recurriendo a fuentes complementarias, tales como la cobertura periodística en medios de comunicación e informes de organizaciones de la sociedad civil. El Registro de Violencia no es exhaustivo pero revela diversas formas de violencia generalizada que sufren las personas LGBT en América. La CIDH observa la dificultad para determinar la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos. Las fuentes de información, y en especial las fuentes periodísticas, rara vez tienen en cuenta la auto identificación de las víctimas al informar sobre estos delitos. De hecho, las personas LGBT que son víctimas de violencia suelen ser presentadas por los medios de comunicación en términos carentes de sensibilidad. En ese sentido, la CIDH observa que los códigos voluntarios de conducta profesional de los medios de comunicación y los periodistas pueden desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la discriminación y en el fomento de principios de igualdad.

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Cinco mujeres mueren al día en México víctimas de la violencia

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“Sus muñecas y piernas estaban atadas, los ojos los tenía vendados… Estaba desnuda, toda llena de golpes… Dos disparos en la cabeza terminaron con su vida”. Lenin Vázquez se aferra por recordar solo la sonrisa de Xóchitl, asesinada con 17 años, pero no puede. La imagen de las últimas horas de su hermana es desgarradora. “Nadie sabe quién la mató… Una vecina la encontró muerta”. La chica vivía con su novio a unas calles del palacio municipal de Chalco —uno de los 125 ayuntamientos del Estado de México (en el centro del país)—, con 350.00 habitantes. “El chavo dice que no sabe nada. Salió a las seis de la mañana a trabajar y justo después entraron a matarla”. El caso de Xóchitl ha quedado en el limbo. “Hasta ahora nadie ha sido citado a declarar, el caso se reportó como un robo y ahí se acabó. Pero en su habitación había joyas, un anillo de diamantes, un reloj muy caro y dinero. Nadie se llevó nada”.

La tragedia de Xóchitl no es única. México se ha convertido en un sitio hostil para las mujeres. 3.892 han sido brutalmente asesinadas durante 2012 y 2013 —más de cinco al día—, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, una asociación integrada por 49 organizaciones de derechos humanos. El país ha sido incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, como lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, y el reconocimiento del feminicidio se ha convertido en una serie de luchas sin ninguna victoria para los familiares de las víctimas.

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