La ‘colombiana’ Pacific: un Nobel a la especulación petrolera

periodicodiagonal, Giuseppe Bottazzi, 26/10/16

Un estudio sobre la empresa de hidrocarburos muestra los peligros del modelo de desarrollo basado en el despojo y la militarización; un negocio que no cambiará con la actual etapa de postconflicto.

Hacer ganancias exorbitadas en situaciones de violencia y contaminación ambiental para luego quebrar y dejar colgados a los accionistas minoristas es un modelo de negocio que merecería el Premio Nobel de la especulación. La candidata ideal es Pacific, empresa símbolo del negocio relacionado con la política de hidrocarburos que los Gobiernos colombianos han impulsado durante la última década con el objetivo de “enriquecer la canasta minero-energética”.

Esta política se entrelaza con la situación de violencia en varias regiones de Colombia y se funda en un modelo de seguridad basado en la militarización del territorio del que el actual presidente, Juan Manuel Santos –flamante Premio Nobel de la Paz y anterior ministro de Defensa con el presidente Álvaro Uribe–, ha sido uno de los promotores.

La historia de Pacific –en el centro de un informe de dos ONG, la holandesa Somo y la colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que Diagonal tuvo la oportunidad de leer antes de su publicación– muestra las grietas de este modelo de desarrollo destinado a continuar también en la actual etapa de postconflicto.

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El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia

Escrito por Francisco Rey Marcos

190816_informe_ieacah_final_0Este reporte fue comisionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA Colombia), y elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) de España, con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREF).

Las dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia están cambiando en algunas zonas de Colombia. Los actores armados están adaptándose y anticipándose a la nueva situación que podría surgir tras un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Estas dinámicas siguen causando consecuencias humanitarias y son un desafío en términos de protección de civiles.

El informe analiza esta reconfiguración del accionar de los grupos armados ilegales, profundizando en su posible evolución en un escenario post-acuerdo y en sus consecuencias humanitarias y sociales, basándose en datos cuantitativos de fuentes oficiales, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); de las Naciones Unidas -en particular, de OCHA y de la Unidad de Manejo y Análisis de Información (UMAIC)-, de organizaciones de la sociedad civil y otros socios, así como en trabajos de diversos centros de pensamiento colombianos. También se basa en las sugerencias, observaciones y análisis recogidos a través de más de 50 entrevistas y grupos focales llevadas a cabo durante los meses de abril y mayo de 2016 con personas de diversas comunidades, así como instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en Bogotá y en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Putumayo.

La investigación destaca que “los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares (AUC), son responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y es previsible que sigan actuando en un contexto de post-acuerdo, compitiendo por territorios y economías ilegales antes controlados por las FARC-EP” y añade que “su presencia y acción representa uno de los obstáculos más importantes a la consolidación y sostenibilidad de la paz”.

De igual modo, en él se asegura que, pese a que el desescalamiento del conflicto ha contribuido a la disminución en los índices de homicidios, masacres y acciones bélicas, hechos violentos más subrepticios como las amenazas, el desplazamiento individual, la extorsión y el control social han aumentado, mostrando que la situación humanitaria sigue siendo muy preocupante, lo que la convierte en una de las prioridades de la planificación de la transición y del post-acuerdo de paz.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones, entre ellas la de mantener la presencia de los actores humanitarios nacionales e internacionales, sobre todo en las regiones en las que sean más probables los riesgos para la población, incluyendo las zonas veredales transitorias de normalización. Así mismo, recomienda a las autoridades y organismos de cooperación abordar más decididamente las consecuencias del impacto de amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presión y control social, entre otras, y mejorar sus sistemas de monitoreo de estas situaciones, para garantizar la protección de las personas y poblaciones afectadas.

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¿Quién está asesinando a los defensores de Derechos Humanos?

elespectador, 07/07/2016

De acuerdo con las estadísticas del Programa Somos Defensores, en los dos gobiernos del Presidente Juan Manuel Santos han sido asesinados 346 líderes que han exigido la salida negociada al conflicto.

En 2014 el registró arrojó un total de 55 homicidios contra defensores de DD.HH. y líderes sociales, y al cierre de 2015 se registran 63 líderes asesinatos, (13% más que el año anterior). “Entonces ¿Cómo se explican estos hechos cuando en el 2015 las confrontaciones armadas disminuyeron en un casi 80%? ¿Será posible que la violencia contra los defensores de derechos humanos ya no se derive del conflicto armado y así las cosas un contexto de posconflicto no garantiza la disminución de agresiones contra líderes? ¿Dónde están los resultados de la política de prevención del Gobierno? ¿Acaso no hay normas para prevenir estas violencias?”, dice el informe del Programa Somos Defensores publicado este año.

El panorama para 2016 no es tan alentador. Según la misma organización, en el primer trimestre del año 19 líderes de distintas regiones del país fueron asesinados, cifra similar a la que se registró en el mismo periodo de 2015. “Y estamos mirando que para el informe del primer semestre del año va a ser similar a lo que se reportó el año pasado, es decir, cerca de 63 homicidios”, comenta Carlos Guevara, miembro de Somos Defensores.

Defensores asesinados durante 2016

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Madres de Soacha: Tejiendo la dignidad desde su Dignidad

pueblosencamino.org, 16 Julio 2015

Frente al terror y el abuso sistemático y de oficio. Las Madres de Soacha Tejen la Dignidad desde su Dignidad, el Amor, la Soledad y la Rabia

El 2 de Julio de 2015 se realizó este Encuentro vía Skype de la iniciativa Pueblos en Camino. El primero de una serie que le da la palabra a Madres y Familiares de víctimas de terror sistemático en diversos lugares. Este primer encuentro se enfoca en torno de los “Falsos Positivos” y las Madres de Soacha. Según lo señala recientemente el Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “Los falsos positivos fueron procedimientos atroces y generalizados”.

Desafortunadamente, siguen siéndolo y no terminan con las desapariciones y asesinatos sino que continúan, de oficio contra los familiares de las víctimas. Acá se comparten las notas del encuentro y los audios del mismo. Así Sí! Pueblos en Camino

Este encuentro fue propuesto inicialmente por David Barrios y Emmanuel Rozental a partir de reconocer la necesidad de dar la palabra a familiares de víctimas de maquinarias de terror, particularmente urbanas, implementadas en distintos países, frente a las que familiares de las víctimas, particularmente sus madres, se han organizado en procesos de denuncia, resistencia y exigencia de reparación, justicia y no-repetición. La iniciativa surge de manera específica al identificar a partir de testimonios y evidencias concretas que tanto las maquinarias de terror y los hechos criminales involucran a los estados y regímenes, tienen un carácter nacional y transnacional y no se limitan a la comisión de los delitos contra civiles sino que a partir de los asesinatos y desapariciones y durante todo el proceso de encubrimiento, denuncia y lucha que sigue, parece haber un patrón común de manejo de estos procesos por parte de las “autoridades” que obedecería a objetivos estratégicos contra las víctimas y sus familiares. Se trata de trámites de administración y manejo de las denuncias, las familiares y las víctimas. Todo un engorroso y costoso proceso administrativo-jurídico detallado y complicado en el que toda la maquinaria del régimen se pone al servicio de explotar el dolor, la ira y la exigencia de justicia, verdad y dignidad.

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