Informe: Asedio a las comunidades: Los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia

Escrito por Centre Delàs el .

Informe colombiaEl presente informe nació de dos inquietudes de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. La primera, provocada por la situación de extrema violencia y de barbarie que se vive en la ciudad de Buenaventura. Una violencia conocida, pero que más de 30.000 bonaverenses supieron poner de actualidad en las portadas de la prensa colombiana en una valiente manifestación realizada el 19 de febrero del pasado año.

Y la segunda inquietud se generó al saber que una empresa catalana, el Grup Marítim Terminal de Contenidors de Barcelona, SL, (Grup TCB), tiene una millonaria inversión en el puerto de esta ciudad del Pacífico.

Autores: Tomàs Gisbert, Maria Jesús Pinto y Javier Sulé.

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Tribunal ordena a Anglogold permitir ingreso de expertos a títulos en Cañón del Combeima.

El Nuevo Día, Julio 18, 2015

ARCHIVO - EL NUEVO DÍAEl Tribunal Administrativo del Tolima emitió un auto con relación a la acción popular que fue instaurada por la Personería municipal en 2011, para solicitar la devolución de los títulos mineros que entregó Ingeominas a Anglogold Ashanti en el Cañón del Combeima como parte del proyecto ‘la Colosa’.

Debido a la necesidad de realizar un estudio que suministre información especializada para el proceso, se había considerado a la Universidad Nacional de Colombia para hacerlo, pero en respuesta manifestaron que actualmente se tiene relaciones contractuales vigentes con una de las partes demandadas dentro del proceso.

Esto, bajo la necesidad de que la autoridad administrativa tuviera la información necesaria y debidamente sustentada por expertos en la materia, según la magistrada Susana Acosta, quien ha emitido varias órdenes para continuar con el proceso.

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Colombia: Altos mandos militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales

HRW, Junio 23, 2015

(Bogotá) – Amplias evidencias, hasta ahora inéditas, implican a numerosos generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008.

Fotocopia de fotografía de los cuerpos de dos víctimas de presuntas ejecuciones de falsos positivos cometidas en el departamento de Meta en 2004, donde se ven soldados en segundo plano.El documento de 105 páginas, titulado “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, presenta evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de “falsos positivos”, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero apenas algunos coroneles y ningún general lo fueron.

“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.

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Protección a Víctimas y Testigos en Colombia

Consultores internacionales en derechos humanos

Publicación final del homónimo proyecto “Protección a Víctimas y Testigos”, línea de trabajo del Proyecto ProFIS, Apoyo al Proceso de Paz, financiado por GIZ – Cooperación Alemana en Colombia.

Desarrolladas a lo largo de 11 meses, de abril de 2014 a marzo de 2015, las actividades de nuestro proyecto incluyeron :

  • Diagnóstico institucional
  • Estudio exploratorio con población participante en los procesos de los postulados Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y Bloque Central Bolívar sobre la situación de seguridad, el programa de Protección a víctimas y testigos de JyP y su percepción sobre los programas existentes.
  • Elaboración de una cartilla autoprotección para población afectada, con la participación de las instituciones competentes
  • Validación de la cartilla con la población beneficiaria

Finalmente, tras un periodo de análisis y sistematización sale esta publicación que recoge las actividades y las experiencias con los diferentes actores, asi como con la población beneficiaria y que pretende dar algunas recomendaciones practicas a las instituciones del Estado que trabajan para garantizar la protección de víctimas y testigos en el país, hacia una política nacional de protección coordinada y articulada.

La cartilla fue aprobada por el mismo Ministerio de Interior que prevé imprimir mas copias para su distribución entre población beneficiaria.

Bajar aquí las publicaciones:

Guía de Autoprotección en Justicia y Paz

Libro “Protección a Víctimas y Testigos”

CIDH condena a Colombia por las desapariciones tras el asalto al Palacio de Justicia en 1985

  • Es un paso más para establecer la verdad por las desapariciones durante “retoma” del Palacio de Justicia
  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 10 de Diciembre una fuerte sentencia, no sólo por las desapariciones, sino también por detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras vulneraciones.

http://periodismohumano.com/files/2014/12/palacio-justicia.jpg

“Existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”.

Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia notificada al Estado colombiano el pasado 10 de diciembre, justo el día en que el mundo conmemora el día internacional de los derechos humanos. En esta decisión se declaró la responsabilidad internacional de Colombia por una serie de graves violaciones a la Convención Americana de DDHH durante la “retoma” del Palacio de Justicia en Bogotá, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985.

[…]

Respecto a la sentencia sobre el Palacio de Justicia, la Corte IDH le ordenó al Estado que en un plazo razonable estableciera la verdad de los hechos y realizara lo necesario para “determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de las víctimas así como de las detenciones y torturas o tratos crueles y degradantes”.

Consulte el texto completo de la sentencia

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