España: Inmigrantes retenidos en condiciones precarias.

HRW, Julio 31, 2017

Detención automática y obstáculos a la solicitud de asilo.

(Milán) – Los solicitantes de asilo y otros inmigrantes que llegan por vía marítima a las costas españolas son retenidos en condiciones precarias y enfrentan obstáculos al solicitar asilo, señaló hoy Human Rights Watch. Permanecen días en celdas oscuras y húmedas en dependencias policiales y casi siempre son luego asignados automáticamente a establecimientos de detención inmigratoria a más largo plazo, a la espera de una deportación que podría no ocurrir nunca.

“Las celdas policiales oscuras, parecidas a jaulas, no son un lugar adecuado para retener a solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan a España”, expresó Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “España está violando los derechos de los inmigrantes, y no hay evidencias de que esto sirva para disuadir a otros”.

La cantidad de solicitantes de asilo y otros inmigrantes que cruzan el Mediterráneo occidental hacia España está en aumento. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2017 llegaron 7.847 personas a las costas españolas, en comparación con las 2.476 que lo hicieron en ese mismo período de 2016.

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La tortura en el Estado español en 2016.

últimoCero, 9 de junio de 2017.

El informe de la Tortura en el Estado español,  realizado por decimotercer año consecutivo por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) se recogen 117 situaciones -cinco de ellas en Castilla y León- en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas. Entre las entidades que componen la CPDT se encuentra la castellana Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades).

Las agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).

“Estas cifras”, aclara CPFT, “no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales”.

“Como en años anteriores”, añade la Coordinadora, “no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.”.

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¿La cooperación española apoya una agenda de represión en derechos humanos para el pueblo hondureño?

Público, 7 de junio de 2017

Jéssica Sánchez, Guillermo López Lone, Tommy Morales, Romina Serna y Grecia Lozano
Miembros de la Articulación 611, un espacio en el que confluyen organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, movimientos campesinos y otras.

Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times, en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos.  En 2016 Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con los culpables de estos crímenes.

El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.

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“Tras la Frontera”

“Tras la Frontera” es un informe que pretende atravesar el mar, los muros y las vallas para tratar de acercarse a la realidad de la ciudadanía migrante y su imperante necesidad de reparación y justicia. Aquella ciudadanía que sufre y cuestiona lo más profundo de nuestro sistema. Espera de este informe escuchar la voz de las personas migrantes, descubrir los discursos construidos por la población en movimiento y que son silenciados por los relatos oficiales. Espera encontrar la realidad diaria que sucede tras la construcción política que supone la frontera. Descubrirás en este informe el impacto directo de la macropolítica fronteriza sobre los cuerpos y las vidas de las personas migrantes. Lo que se traduce en dolores, pero también en solidaridades, en resistencias, en estrategias de lucha.

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El gran negocio de la seguridad fronteriza

1 de agosto de 2016, Yago Álvarez y Genoveva López
Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.

Los conflictos en Oriente Medio han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado, donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000 sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el punto más caliente de esta crisis.

La Unión Europea (UE), lejos de ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en este operativo.

Esta estrategia ‘antimafia’ quedó expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea (CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.

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