México en la encrucijada permanente.

Tras las visitas realizadas la delegación, a la vista de las informaciones recibidas por parte de personas, entidades e instituciones y teniendo en cuenta la documentación que le ha sido aportada considera que:

El mecanismo nacional de protección creado en el año 2012, y las medidas que pueden derivar del mismo, pese a ser útiles en determinados momentos y los esfuerzos realizados deben ser objeto de reconocimiento y consideración. No obstante, el enfoque material que prevalece sobre las medidas acordadas hace que éstas no sean suficientes a la hora de prevenir riesgos y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y entidades en riesgo. La falta de atención integral con perspectiva de género, de adecuación al contexto, así como, la saturación y la lentitud en su aplicación, son las principales críticas que se vierten sobre el mismo.

En un contexto de impunidad que alcanza cotas insoportables superiores al 95% y con un sistema de justicia penal acusatorio pendiente de aplicación real en un importante número de estados, el cambio/ renovación de la Fiscalía General se percibe, con reservas y dudas, como una oportunidad de regeneración de la institución.

Por el contrario, tanto las elecciones presidenciales como los desafíos normativos pendientes; el proyecto de Ley de Seguridad Interior; La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, generan preocupación y un escepticismo más que razonable dados los antecedentes históricos. Cabe precisar que en materia de seguridad las preocupaciones se centran en la promulgación misma de la Ley por el fuerte incremento de la criminalidad experimentado en el pasado cuando las fuerzas armadas asumieron funciones de fuerza pública.

En materia de tortura y desapariciones, la preocupación no reside en la adopción de los textos legislativos considerados claros avances en materia de protección de derechos humanos sino en la puesta en marcha de las instancias administrativas y procedimientos necesarios para asegurar su aplicabilidad efectiva.

Los espacios de articulación entre instituciones y la sociedad son una oportunidad para generar confianza y consolidar nuevas formas de hacer que reviertan, positivamente, en la implementación de estas normas, poniendo el respeto a las personas y sus necesidades en el centro de los objetivos de aplicación de estas.

INFORME: MÉXICO EN LA ENCRUCIJADA PERMANENTE

MEXICO LA ENCRUCIJADA RESUMEN EJECUTIVO