Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el presente informe se presentan las conclusiones de la observación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en Honduras en relación con las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto post-electoral. Ofrece una visión general de la situación de los derechos humanos en la fase preelectoral, pero se centra en las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre el día de la votación, el 26 de noviembre de 2017, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero de 2018.

El análisis realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, la OACNUDH considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muerte y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUDH registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía.

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Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras

06 Marzo 2018 Informe

Cuando se cumplen dos años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades hondureñas siguen sufriendo los impactos del extractivismo depredador y luchando por defender los bienes comunes. Hablan las voces desde el terreno.

El presente trabajo forma parte de un acumulado de acciones y luchas colectivas que venimos desarrollando las organizaciones sociales Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Jubileo Sur Américas (JS/A), y ha contado con el apoyo técnico del Transnational Institute (TNI).

El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo. Con la información acá presentada se busca propiciar y acompañar algunos debates sobre sus fuentes, finananciamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de Honduras, que son quienes están día a día en defensa de los bienes comunes.

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Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral

Hace poco más de dos meses, en Honduras se celebraron unas elecciones presidenciales que quedaron marcadas por tres asuntos clave: los detractores del presidente reelegido lo acusaron de moldear las instituciones para mantenerse en el cargo, durante la noche electoral los resultados cambiaron de tendencia tras un apagón informativo y 33 manifestantes murieron en las protestas posteriores. A principios de diciembre se decretó un toque de queda en el que las fuerzas de seguridad actuaron con total impunidad, según la oposición.

Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014 y un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. Pero para eso tenía que ganar las elecciones.

“En el conteo de votos en la noche del domingo al lunes, del 26 al 27 de noviembre, se produce un primer anuncio de resultados y después se reportaron algunos problemas de comunicación o de retransmisión de datos. Cuando volvieron a aparecer las informaciones con esos resultados cambió completamente la tendencia inicial que se había comunicado. En la madrugada del lunes la tendencia daba una victoria significativa del candidato opositor Salvador Nasralla”, explica Adeline Neau, investigadora especializada en Honduras de Amnistía Internacional.

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La redes sociales jugaron un papel esencial durante las movilizaciones. Ahora  el partido gobernante ha presentado un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas. “Esto es muy grave porque la mayoría de medios corporativos no informan sobre lo que en realidad pasa. Las redes son las principales fuentes de información y convocatoria”, lamenta la Coalición contra la Impunidad.

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Honduras. Represión y criminalización frente a la protesta social.

En los últimos ocho años Honduras ha vivido los niveles de violencia jamás tenidos en su historia, habiendo ostentado el título de país más violento y peligroso del mundo y aunque el promedio de homicidios ha bajado de 86 por cada 100 mil habitantes (2011 – 2012) a 59 por 100 mil habitantes (2016), éste está más de nueve veces por encima del promedio mundial (6,4 por 100 mil habitantes).

Las causas de la violencia en el país son múltiples; pero, destacan la narcoactividad y las maras. Actividades delictivas que son alimentadas por la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo. Tanto los capos de la droga como los líderes de las maras, encuentran en estos tres factores los espacios territoriales y los sectores sociales propicios para reclutar sus soldados y realizar su actividad delictiva. Finalmente, la causa principal de la violencia en Honduras es la corrupción de los agentes encargados de la persecución del delito y de los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) que propician la impunidad en el país. La participación activa y pasiva de estas instituciones en el crimen organizado es evidente, no solo por el personal perteneciente a ellas, señalado e incluso extraditado por su dolosa actividad delictiva, sino, porque no hay otra manera de explicarse, cómo en un pueblo tan pequeño, donde todo mundo se conoce, sean tan incapaces de encontrar los verdaderos capos de la extorsión y el sicariato.

La violencia es generadora de inseguridad, no solo la real inducida por las acciones criminales y la falta de respuesta, sino, la que se percibe porque está latente en el entorno. Desde el anterior gobierno, la población ha venido financiando a los gobernantes, supuestamente para combatir el crimen y brindar seguridad, no solo con cargas impositivas extraordinarias como la Tasa de Seguridad (más de 15 mil millones de lempiras, incluyendo deuda contraída con el sistema bancario desde el 2012)2, sino, a través de sus incrementos en el Presupuesto del Estado a expensas de la reducción de las asignaciones presupuestarias para salud y educación. En el 2015 se redujeron L. 174,8 millones a Salud y L. 708,5 millones a Educación, mientras se incrementaron 306 millones a Defensa. El presupuesto general de 2017, asignó a Salud 13 mil 904 millones, cifra inferior a los 14 mil 3 millones otorgados a Seguridad y Defensa3. A la Secretaría de Salud le fueron restados 300 millones de lempiras respecto al 2016.

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