Honduras: Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro por licencias a hidroeléctricas.

FIDH, 31/05/2017

París, Tegucigalpa, 31 de mayo de 2017 – El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II podría generar daños irreversibles a las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y a la microcuenca del río Cuyamel, fuente principal de agua para casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida. La FIDH, CEHPRODEC y FUPNAPIB publican hoy un informe que alerta sobre los vacíos jurídicos y prácticas existentes en Honduras que hacen posible la construcción de represas hidroeléctricas en áreas protegidas, sin información y participación adecuada de las comunidades locales. Las organizaciones llaman a que las instituciones de financiamiento tanto internacionales, regionales como nacionales actúen con la mayor debida diligencia antes de invertir directa o indirectamente en este tipo de proyectos.

El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II se inscribe en un proceso de cambio de la matriz energética en Honduras en el marco de la lucha contra el cambio climático, en el cual se conjugan actores a nivel local, nacional, regional e internacional con intereses económicos confluentes. Este proceso ha venido de la mano con el debilitamiento de las garantías de protección a los derechos humanos y al medio ambiente, y el aumento de la violencia y criminalización de defensores de derechos humanos y del medioambiente. Este proyecto fue autorizado en un contexto de modificaciones regresivas a las protecciones otorgadas por la ley y de faltas administrativas de las autoridades competentes, así como de ausencia de responsabilidad empresarial.

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¿La cooperación española apoya una agenda de represión en derechos humanos para el pueblo hondureño?

Público, 7 de junio de 2017

Jéssica Sánchez, Guillermo López Lone, Tommy Morales, Romina Serna y Grecia Lozano
Miembros de la Articulación 611, un espacio en el que confluyen organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, movimientos campesinos y otras.

Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times, en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos.  En 2016 Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con los culpables de estos crímenes.

El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.

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Cartilla de Protección Integral para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Honduras.

PBI-Honduras, mayo 2017

La “Cartilla de protección para defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras” es resultado de un interesante proceso de capacitación, coordinado por PBI Honduras, con organizaciones rurales y urbanas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. La publicación contiene herramientas prácticas en base a una metodología de protección integral que las y los defensores y las organizaciones pueden fácilmente aplicar y replicar colectivamente.

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Marta, la de la Lopez. Así aprendí, así desaprendí.

El libro “Marta, la de la Lopez. Así aprendí, así desaprendí”, escrito por Virginia Marta Velázquez y Melissa Cardoza y editado por la Red Nacional de Defensoras, narra la historia de lucha de una mujer, Marta Velàzquez, feminista y defensora de derechos humanos, con el objetivo de, en palabras de la propia Marta: “escucharnos, recuperar nuestra palabra, reconocernos y reconocer en otras el fantástico poder de transformar el mundo”. Y recuperar las palabras, nos dice Yéssica Trinidad, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras, en el prólogo: “pasa por contar lo que muchas mujeres defensoras hacen en sus territorios, no solo en los momentos de las alertas y crisis, sino contar la historia desde la mirada de las mujeres, nombrar a esas que han caminado antes y junto a nosotras y que lo siguen haciendo”.

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Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental.

El 2 de marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros. Cáceres había dedicado varios años al intento de detener la construcción de una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad en Intibucá, en el oeste de Honduras, la cual ponía en peligro una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena lenca. Menos de un año antes de su muerte, había pronunciado un discurso conmovedor ante un auditorio abarrotado cuando le entregaron el Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015 por su excepcional valentía en el ámbito del activismo ambiental. Cáceres dedicó su galardón a «las y los mártires por la defensa de los bienes naturales» y añadió: «la Madre Tierra, militarizada, cercada, envenenada, […] nos exige actuar». Desgraciadamente, ni siquiera ser el centro de la atención internacional fue suficiente para salvarla.

Encajonado entre Guatemala y Nicaragua, en la costa caribeña, Honduras es un país cubierto de bosques y rico en minerales valiosos. Sin embargo, los beneficios que se obtienen de esta riqueza natural solo los disfruta un porcentaje muy reducido de la sociedad. Honduras tiene los niveles más altos de desigualdad de toda América Latina: cerca de 6 de cada 10 hogares de las zonas rurales viven en condiciones de pobreza extrema, con menos de 2,50 dólares estadounidenses (USD) al día.

En este informe se documentan los estremecedores niveles de violencia e intimidación que sufren las comunidades rurales por oponerse a la imposición de presas, minas, tala o agricultura en sus tierras, proyectos controlados por élites ricas y poderosas, entre las que se encuentran miembros de la clase política. Las causas fundamentales de estos abusos son la corrupción generalizada y el incumplimiento de una consulta adecuada a los afectados por estos proyectos.

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