Extractivismo y resistencia comunitaria en Honduras

06 Marzo 2018 Informe

Cuando se cumplen dos años del asesinato de Berta Cáceres, las comunidades hondureñas siguen sufriendo los impactos del extractivismo depredador y luchando por defender los bienes comunes. Hablan las voces desde el terreno.

El presente trabajo forma parte de un acumulado de acciones y luchas colectivas que venimos desarrollando las organizaciones sociales Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y Jubileo Sur Américas (JS/A), y ha contado con el apoyo técnico del Transnational Institute (TNI).

El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo. Con la información acá presentada se busca propiciar y acompañar algunos debates sobre sus fuentes, finananciamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de Honduras, que son quienes están día a día en defensa de los bienes comunes.

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Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral

Hace poco más de dos meses, en Honduras se celebraron unas elecciones presidenciales que quedaron marcadas por tres asuntos clave: los detractores del presidente reelegido lo acusaron de moldear las instituciones para mantenerse en el cargo, durante la noche electoral los resultados cambiaron de tendencia tras un apagón informativo y 33 manifestantes murieron en las protestas posteriores. A principios de diciembre se decretó un toque de queda en el que las fuerzas de seguridad actuaron con total impunidad, según la oposición.

Juan Orlando Hernández llegó al poder en 2014 y un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. Pero para eso tenía que ganar las elecciones.

“En el conteo de votos en la noche del domingo al lunes, del 26 al 27 de noviembre, se produce un primer anuncio de resultados y después se reportaron algunos problemas de comunicación o de retransmisión de datos. Cuando volvieron a aparecer las informaciones con esos resultados cambió completamente la tendencia inicial que se había comunicado. En la madrugada del lunes la tendencia daba una victoria significativa del candidato opositor Salvador Nasralla”, explica Adeline Neau, investigadora especializada en Honduras de Amnistía Internacional.

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La redes sociales jugaron un papel esencial durante las movilizaciones. Ahora  el partido gobernante ha presentado un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas. “Esto es muy grave porque la mayoría de medios corporativos no informan sobre lo que en realidad pasa. Las redes son las principales fuentes de información y convocatoria”, lamenta la Coalición contra la Impunidad.

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Honduras. Represión y criminalización frente a la protesta social.

En los últimos ocho años Honduras ha vivido los niveles de violencia jamás tenidos en su historia, habiendo ostentado el título de país más violento y peligroso del mundo y aunque el promedio de homicidios ha bajado de 86 por cada 100 mil habitantes (2011 – 2012) a 59 por 100 mil habitantes (2016), éste está más de nueve veces por encima del promedio mundial (6,4 por 100 mil habitantes).

Las causas de la violencia en el país son múltiples; pero, destacan la narcoactividad y las maras. Actividades delictivas que son alimentadas por la pobreza, la falta de oportunidades y el desempleo. Tanto los capos de la droga como los líderes de las maras, encuentran en estos tres factores los espacios territoriales y los sectores sociales propicios para reclutar sus soldados y realizar su actividad delictiva. Finalmente, la causa principal de la violencia en Honduras es la corrupción de los agentes encargados de la persecución del delito y de los operadores de justicia (Policía, Ministerio Público y Poder Judicial) que propician la impunidad en el país. La participación activa y pasiva de estas instituciones en el crimen organizado es evidente, no solo por el personal perteneciente a ellas, señalado e incluso extraditado por su dolosa actividad delictiva, sino, porque no hay otra manera de explicarse, cómo en un pueblo tan pequeño, donde todo mundo se conoce, sean tan incapaces de encontrar los verdaderos capos de la extorsión y el sicariato.

La violencia es generadora de inseguridad, no solo la real inducida por las acciones criminales y la falta de respuesta, sino, la que se percibe porque está latente en el entorno. Desde el anterior gobierno, la población ha venido financiando a los gobernantes, supuestamente para combatir el crimen y brindar seguridad, no solo con cargas impositivas extraordinarias como la Tasa de Seguridad (más de 15 mil millones de lempiras, incluyendo deuda contraída con el sistema bancario desde el 2012)2, sino, a través de sus incrementos en el Presupuesto del Estado a expensas de la reducción de las asignaciones presupuestarias para salud y educación. En el 2015 se redujeron L. 174,8 millones a Salud y L. 708,5 millones a Educación, mientras se incrementaron 306 millones a Defensa. El presupuesto general de 2017, asignó a Salud 13 mil 904 millones, cifra inferior a los 14 mil 3 millones otorgados a Seguridad y Defensa3. A la Secretaría de Salud le fueron restados 300 millones de lempiras respecto al 2016.

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Honduras, Crisis política post-electoral 2017.

La crisis provocada por el Tribunal Supremo Electoral por tratar de favorecer las pretensiones reeleccionistas del actual mandatario, sorprendió a ACI PARTICIPA con su Informe Situacional 2017, sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, listo para ser presentado a nacional e internacional.

La gravedad de las violaciones de los derechos humanos de la población hondureña, que ha preferido arriesgar su vida, a permitir la negación de sus derechos, su honor y su dignidad, violaciones que ya superan con creces en cantidad y en gravedad, las atrocidades cometidas por el dictador golpista del 2009, y ante la imposibilidad de incorporar tales hechos en dicho informe, nos ha llevado a elaborar este pequeño informe especial sobre la crisis post electoral y sus consecuencias.

La consolidación de un gobierno en manos del actual gobernante, augura un grave panorama para los derechos humanos en Honduras y un terrible riesgo para las personas que los promueven y defienden. El fraude electoral del que el mundo ha sido testigo y que ha puesto de nuevo a Honduras vergonzosamente en el contexto internacional,
agrava esa percepción que ya antes era grave.

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Honduras: Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro por licencias a hidroeléctricas.

FIDH, 31/05/2017

París, Tegucigalpa, 31 de mayo de 2017 – El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II podría generar daños irreversibles a las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y a la microcuenca del río Cuyamel, fuente principal de agua para casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida. La FIDH, CEHPRODEC y FUPNAPIB publican hoy un informe que alerta sobre los vacíos jurídicos y prácticas existentes en Honduras que hacen posible la construcción de represas hidroeléctricas en áreas protegidas, sin información y participación adecuada de las comunidades locales. Las organizaciones llaman a que las instituciones de financiamiento tanto internacionales, regionales como nacionales actúen con la mayor debida diligencia antes de invertir directa o indirectamente en este tipo de proyectos.

El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II se inscribe en un proceso de cambio de la matriz energética en Honduras en el marco de la lucha contra el cambio climático, en el cual se conjugan actores a nivel local, nacional, regional e internacional con intereses económicos confluentes. Este proceso ha venido de la mano con el debilitamiento de las garantías de protección a los derechos humanos y al medio ambiente, y el aumento de la violencia y criminalización de defensores de derechos humanos y del medioambiente. Este proyecto fue autorizado en un contexto de modificaciones regresivas a las protecciones otorgadas por la ley y de faltas administrativas de las autoridades competentes, así como de ausencia de responsabilidad empresarial.

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