Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú

elpais,Jacqueline Fowks, Lima,

Una vez más la empresa minera Yanacocha destruyó sembríos en el terreno de Máxima Acuña, la agricultora peruana que recibió este año el más importante galardón medioambiental, el premio estadounidense Goldman, por defender su propiedad frente a la compañía que ansía su terreno hace cinco años para el proyecto minero Conga, encarpetado por la matriz Newmont desde mayo. Su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo, por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad.

Yanacocha compró tierras colindantes a las de Acuña en la última década en la región Cajamarca para extraer oro y cobre, la concesión minera que logró incluye varias lagunas que surten de agua a comunidades.

“Solo estaban mis padres en casa, ellos no manejan bien los celulares, pero la empresa está allí a diario con su personal de vigilancia y detectan cuando no hay más personas. A las 10 de la mañana entraron (al terreno) a destruir la siembra y cuando se han acercado a reclamar, la han agarrado a ella de las manos y con los escudos la han golpeado”, relató por teléfono a EL PAÍS Ysidora Chaupe Acuña, hija mayor de la agricultora.

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El desborde feminista se enfrenta a la impunidad de las agresiones a mujeres en Perú

19/08/16, Elisa Fuenzalida, Thais Luksic, de Mujeres al Borde de un Ataque Armado / Comando Feminista

El caso de las más de 200.000 campesinas esterilizadas contra su voluntad mediante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1990 y 2000 ha sido archivado una vez más. La fiscalía no considera que existan suficientes pruebas de que se trata de un crimen de lesa humanidad –a pesar de que fue perpetrado contra un sector específico de la población: mujeres campesinas y de escasos recursos– y niega la autoría directa de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. El pasado 27 de julio, el Ministerio Público, por decisión de la fiscal Marcelita Gutierrez, dio por cerrada la investigación. La misma semana, la justicia peruana se inclinó en favor del agresor de Arlette Contreras, joven que fue estrangulada y arrastrada de los pelos por su novio al grito de “si no eres mía no serás de nadie”. A pesar de que el episodio de este culebrón de terror fue registrado en vídeo por una cámara de seguridad, el juzgado ha resuelto que, otra vez, no hay pruebas suficientes.

Al archivo de conocidos casos de agresiones a mujeres en Perú se suman otros en los que son las propias instituciones las que dan el ‘tiro de gracia’ a las mujeres. Fue el caso de L.C., una adolescente que, al sospechar que estaba embarazada producto de las violaciones sistemáticas que sufría desde los 13 años, intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa. Sobrevivió, pero con graves lesiones en la columna vertebral que requerían de una intervención quirúrgica urgente para no causar daños irreversibles en la movilidad de su cuerpo. Los médicos encargados decidieron que la vida del feto, según ellos en peligro, era más valiosa que su salud y le negaron la operación. Tres meses después L.C. tuvo un aborto espontáneo y finalmente fue operada, pero ya era tarde. Hoy en día es parapléjica y tras nueve años de batalla legal contra el Estado no ha conseguido una compensación.

Durante los últimos años en Perú, colectivos como Alfombra Roja, Las Insurgentes, Comando Feminista, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Paremos el Acoso Callejero, Chola Contravisual y diversos colectivos universitarios, han luchado desde distintos frentes contra la violencia machista, doméstica e institucional, recibiendo como respuesta, por parte de la policía, golpes y bombas lacrimógenas, y por parte de la prensa y gran parte de la sociedad civil, condescendencia y desprecio ante sus demandas y protestas.

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Organización de víctimas de esterilización forzada repudia nuevo archivamiento.

lamula.pe, 2016-07-28

Ante decisión de Fiscal Marcelita Gutiérrez la AMHBA, integrada por más de 300 mujeres de la provincia de Huancabamba afectadas por las esterilizaciones forzadas, apelará para exigir justicia.

En todos nuestros testimonios que dimos ante la fiscalía en Huancabamba dijimos bien clarito que los culpables de las esterilizaciones forzadas son Fujimori y sus ministros de salud. No entendemos cómo la fiscala Marcelita Gutiérrez puede decir que archiva los casos porque no encuentra culpables”, afirma Esperanza Huayama Aguirre, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba – AMHBA, integrada por más de 300 mujeres víctimas de esterilización forzada. Además, es vice presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.

Este 27 de julio por la tarde la fiscal Marcelita Gutiérrez decidió archivar la denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, aduciendo que no pudo establecer la autoría mediata de los investigados y que tampoco pudo comprobar que las esterilizaciones fueran un delito de lesa humanidad. “La semana pasada nos reunimos con la fiscala Marcelita Gutiérrez, allí le dijimos que este delito tiene culpables, que son el señor Fujimori y sus ministros. Se ve que no nos ha escuchado, y ahora archiva porque dice que no hay pruebas. Cómo puede hacernos esto a miles de mujeres que estamos sufriendo por nuestra salud y muriendo. Nosotras rechazamos este resultado”, afirma Huayama.

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