La tortura en el Estado español en 2016.

últimoCero, 9 de junio de 2017.

El informe de la Tortura en el Estado español,  realizado por decimotercer año consecutivo por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) se recogen 117 situaciones -cinco de ellas en Castilla y León- en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas. Entre las entidades que componen la CPDT se encuentra la castellana Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades).

Las agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).

“Estas cifras”, aclara CPFT, “no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales”.

“Como en años anteriores”, añade la Coordinadora, “no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.”.

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El caso Portu – Sarasola Los encubridores de la tortura al desnudo

Xabier Makazaga, Euskal Herria, 2015eko urtarril

ElCasoPortu-SarasolaDesde que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) efectuó su primera visita a España, en 1991, el Gobierno español han prometido varias veces a sus representantes que iban a implementar dos salvaguardias esenciales demandadas por dicho comité. Se comprometió a ello en tres ocasiones, en 1995, 1998 y 2003, pero no sólo ha roto siempre sus promesas, sino que ha mentido otras tantas veces al CPT en relación a la más sencilla de las salvaguardias, la de comunicar a un familiar del detenido incomunicado el lugar en el que éste se encuentra.

En efecto, tienen ambas facultades, pero no las ejercen nunca en el caso de detenciones incomunicadas. Ni una, ni otra, como se puede comprobar en el Anexo 2. Desde 1987, ningún magistrado ha visitado jamás a un detenido incomunicado en dependencias policiales. Ninguno. Y la última vez que un juez aplicó el “habeas corpus” a un detenido incomunicado fue en 1985.

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En 2014 Europa ha condenado cuatro veces a España por violar los derechos humanos

Diagonal 26/12/14

Las torturas durante detenciones incomunicadas, la vulneración de derechos de las personas demandantes de asilo y la apropiación de bienes por parte de la Iglesia son los tres temas que han llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a condenar al Estado español hasta en cuatro ocasiones durante 2014, según un informe elaborado por Rights Internacional Spain. El TEDH ha condenado a España por violar los artículos 2, 3, 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha emitido, durante este año 2014, sentencias relacionadas con la violación de derechos y con las que se obliga a modificar la legislación española.

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“La política del miedo es más fuerte que los derechos”

“Para el conflicto vasco existe una justificación social [de la tortura]. En este caso es más fuerte la política del miedo que la defensa de los derechos humanos”, dice Gabriela López, psicóloga del Grupo de Acción Comunitaria (GAC). López fue una de las más de 30 profesionales de la salud que han participado en la elaboración del estudio Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul, elaborado por diferentes organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra el GAC, y presentado el pasado 18 de septiembre en Madrid. En él se detallan 45 casos de personas que han estado en régimen de incomunicación y alegan haber sido torturadas. “El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino que se basa en el impacto que la tortura puede tener en las personas y, a partir de ese impacto, que hemos visibilizado a través de los testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. No necesitamos una sentencia legal, no necesitamos que haya llegado a trámite o a juicio. El proceso ha sido supervisado y acompañado por profesionales reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de Prevención de la Tortura. Es un instrumento que ha salido de Na­ciones Unidas y se está aprobando su uso como prueba pericial”, continúa López.