Situación de violencia hacia el colectivo trans en Paraguay. Informe 2016

codehupy, 17 de mayo de 2017

En el Marco de las actividades del Día Internacional contra la Transfobia, la Asociación Panambí de travestis, transexuales y transgéneros del Paraguay, presentó en conferencia de prensa El Informe 2016 Situación de violencia hacia el colectivo trans en Paraguay, hoy Miércoles 17 de mayo en la Escalinata de Antequera.

En dicha presentación, la representante de la organización Vicky Acosta mencionó que el informe comienza con algunos conceptos básicos referente a Derechos Humanos y luego se enfoca específicamente en el caso de Paraguay, cuenta con un caso jurídico, habla de la falta de denuncias y estadísticas oficiales y presenta datos de servicios y denuncias desde la sociedad civil.

Recordó, que en el Centro de Denuncias de VIH y Derechos Humanos, se han registrado casos que afectan a las personas trans, en el año 2012 con 64 denuncias, 58 denuncias en el año 2013, 60 en el año 2014, 39 en el año 2015, y 87 denuncias en el año 2016. De los 87 casos de denuncias registradas en el año 2016 que afectan a las personas trans, 31 casos han sido derivados, mientras que 56 denuncias no han sido derivadas a instancias correspondientes a pedido de víctimas.

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Honduras: Áreas protegidas y fuentes de agua en peligro por licencias a hidroeléctricas.

FIDH, 31/05/2017

París, Tegucigalpa, 31 de mayo de 2017 – El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II podría generar daños irreversibles a las áreas protegidas del Parque Nacional Pico Bonito y a la microcuenca del río Cuyamel, fuente principal de agua para casi 7000 personas en el municipio de San Francisco, Atlántida. La FIDH, CEHPRODEC y FUPNAPIB publican hoy un informe que alerta sobre los vacíos jurídicos y prácticas existentes en Honduras que hacen posible la construcción de represas hidroeléctricas en áreas protegidas, sin información y participación adecuada de las comunidades locales. Las organizaciones llaman a que las instituciones de financiamiento tanto internacionales, regionales como nacionales actúen con la mayor debida diligencia antes de invertir directa o indirectamente en este tipo de proyectos.

El proyecto hidroeléctrico Cuyamel II se inscribe en un proceso de cambio de la matriz energética en Honduras en el marco de la lucha contra el cambio climático, en el cual se conjugan actores a nivel local, nacional, regional e internacional con intereses económicos confluentes. Este proceso ha venido de la mano con el debilitamiento de las garantías de protección a los derechos humanos y al medio ambiente, y el aumento de la violencia y criminalización de defensores de derechos humanos y del medioambiente. Este proyecto fue autorizado en un contexto de modificaciones regresivas a las protecciones otorgadas por la ley y de faltas administrativas de las autoridades competentes, así como de ausencia de responsabilidad empresarial.

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La tortura en el Estado español en 2016.

últimoCero, 9 de junio de 2017.

El informe de la Tortura en el Estado español,  realizado por decimotercer año consecutivo por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) se recogen 117 situaciones -cinco de ellas en Castilla y León- en que se produjeron agresiones, torturas y/o malos tratos a un total de 259 personas. Entre las entidades que componen la CPDT se encuentra la castellana Oteando (Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades).

Las agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.).

“Estas cifras”, aclara CPFT, “no coincidirán con el número de causas penales abiertas por tortura y/o malos tratos, dado que un mismo caso o situación puede dar lugar a una o a varias causas judiciales”.

“Como en años anteriores”, añade la Coordinadora, “no se han tenido en cuenta todas las denuncias de torturas y/o malos tratos de las que se tuvo conocimiento durante el año 2016: algunas han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectadas, otras porque la información recibida era insuficiente o no estaba totalmente contrastada. También hay que tener en cuenta que un importante número de casos de tortura y/o agresiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) o Funcionarios de Instituciones Penitenciarias (FIIPP), no se denuncian nunca, ni ante los tribunales de justicia ni ante ninguna otra instancia, pública o privada, especialmente por parte de colectivos como el de las personas migrantes y/o presas, u otros de especial vulnerabilidad social como las personas sin hogar, etc.”.

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¿La cooperación española apoya una agenda de represión en derechos humanos para el pueblo hondureño?

Público, 7 de junio de 2017

Jéssica Sánchez, Guillermo López Lone, Tommy Morales, Romina Serna y Grecia Lozano
Miembros de la Articulación 611, un espacio en el que confluyen organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, colectivos LGTBI, organizaciones defensoras de los derechos de la niñez, movimientos campesinos y otras.

Desde el golpe de Estado de 2009, el debilitamiento del proceso democrático en Honduras ha resultado en un aumento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que afecta especialmente a líderes sociales y políticos opositores. La existencia de grupos de limpieza social vinculados al ejército y la policía que asesinan impunemente ha sido ampliamente documentada por medios como Associated Press, The Guardian o The New York Times, en cuyas investigaciones se reveló la existencia de listas negras de activistas sociales a ser eliminados en poder de estos grupos.  En 2016 Global Witness publicó un informe en el que consideraba a Honduras como el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Las agresiones y asesinatos de activistas son comunes, sin que el sistema de justicia hondureño sea capaz (o tenga la voluntad) de dar con los culpables de estos crímenes.

El actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lidera un proyecto político de marcados tintes autoritarios, que le ha llevado a asumir un control de facto sobre el resto de poderes del Estado, con el objetivo de perpetuarse en el poder y favorecer sus intereses particulares y los de sus aliados. En noviembre de este año, se celebrarán elecciones presidenciales en el país, en las que por primera vez desde la aprobación de la actual constitución de 1982 el actual presidente se presenta a la reelección. Existen temores de que se pueda producir un fraude electoral que favorezca al actual gobierno y que desemboque en protestas ciudadanas, que podrían llevar al país a una situación de crisis política y de derechos humanos similar a la vivida en 2009 tras el golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya.

En este contexto, en Honduras se está discutiendo actualmente la aprobación de un nuevo Código Penal. Dicho proyecto lleva más de un año en el Congreso Nacional y su construcción y tramitación ha sido acompañada de forma continua por un equipo de juristas españoles encabezados por el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Javier Álvarez. El equipo dirigido por el señor Álvarez, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y por la Unión Europea, ha comparecido en diversos medios de comunicación y en varias sesiones del Congreso, habiéndose convertido en el principal valedor y sostenedor del contenido del Proyecto de Código Penal de Honduras (en adelante PCPH), que ha sido fuertemente cuestionado desde la sociedad civil hondureña.

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