El enfoque de género en la protección a defensoras: las experiencias de Mexico y Honduras.

Esta publicación pretende identificar cómo se ha incorporado la perspectiva de género en prácticas, estrategias, normas y programas de protección a personas defensoras de derechos humanos en Honduras y México. Buscando señalar cuáles son los avances que se han generado en esta materia y las deficiencias y retos que aun se enfrentan en ambos países.

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Tejiendo vida, defendiendo el territorio. Impactos psicosociales del proyecto “La Colosa Regional”.

Tejiendo la Vida, defendiendo el territorio-FinalLas personas y organizaciones que viven en Cajamarca, están expuestas a numerosas consecuencias cuencias por el hecho de vivir en un lugar destinado a la mega minería.
A través de esta cartilla, analizaremos los impactos psicosociales derivados de la presencia y actividad de la empresa AngloGold Ashanti Colombia (a partir de ahora AGAC) en Cajamarca, en el proyecto «La Colosa Regional». Un proyecto de minería a gran escala implica una serie de impactos ambientales, sociales y políticos pero también personales y relacionales. Es decir, que hay transformaciones en la producción agropecuaria, en la conservación del medio ambiente; pero también en los comportamientos, emociones, valoraciones, pensamientos y relaciones de los y las habitantes de Cajamarca.
Este conjunto de impactos y afectaciones implicará cambios estructurales y permanentes en los ecosistemas, en la sociedad y en las personas.
Esta mirada más amplia, es lo que llamamos «Impactos Psicosociales». Recoger y conversar sobre estos impactos, nos permite visibilizar las afectaciones más personales y sociales que al no tenerlas en cuenta es como si no existieran. Así que pondremos en el centro nuestras experiencias, que se quieren silenciar con el argumento de que «no somos expertos o expertas».
Para la elaboración de esta cartilla, se ha recogido la voz de 66 personas de la región, en diferentes conversaciones y encuentros durante los últimos dos años. Las voces escuchadas durante el proceso, se han señalado entre comillas y cursiva, rescatando el tono y el sentir de las personas entrevistadas.

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El impacto humanitario de las nuevas dinámicas del conflicto armado y la violencia en diversas regiones de Colombia

Escrito por Francisco Rey Marcos

190816_informe_ieacah_final_0Este reporte fue comisionado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA Colombia), y elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) de España, con apoyo del Centro Noruego para la Construcción de la Paz (NOREF).

Las dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia están cambiando en algunas zonas de Colombia. Los actores armados están adaptándose y anticipándose a la nueva situación que podría surgir tras un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. Estas dinámicas siguen causando consecuencias humanitarias y son un desafío en términos de protección de civiles.

El informe analiza esta reconfiguración del accionar de los grupos armados ilegales, profundizando en su posible evolución en un escenario post-acuerdo y en sus consecuencias humanitarias y sociales, basándose en datos cuantitativos de fuentes oficiales, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); de las Naciones Unidas -en particular, de OCHA y de la Unidad de Manejo y Análisis de Información (UMAIC)-, de organizaciones de la sociedad civil y otros socios, así como en trabajos de diversos centros de pensamiento colombianos. También se basa en las sugerencias, observaciones y análisis recogidos a través de más de 50 entrevistas y grupos focales llevadas a cabo durante los meses de abril y mayo de 2016 con personas de diversas comunidades, así como instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en Bogotá y en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Antioquia y Putumayo.

La investigación destaca que “los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) que surgieron o se fortalecieron tras la desmovilización de los grupos paramilitares (AUC), son responsables de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y es previsible que sigan actuando en un contexto de post-acuerdo, compitiendo por territorios y economías ilegales antes controlados por las FARC-EP” y añade que “su presencia y acción representa uno de los obstáculos más importantes a la consolidación y sostenibilidad de la paz”.

De igual modo, en él se asegura que, pese a que el desescalamiento del conflicto ha contribuido a la disminución en los índices de homicidios, masacres y acciones bélicas, hechos violentos más subrepticios como las amenazas, el desplazamiento individual, la extorsión y el control social han aumentado, mostrando que la situación humanitaria sigue siendo muy preocupante, lo que la convierte en una de las prioridades de la planificación de la transición y del post-acuerdo de paz.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones, entre ellas la de mantener la presencia de los actores humanitarios nacionales e internacionales, sobre todo en las regiones en las que sean más probables los riesgos para la población, incluyendo las zonas veredales transitorias de normalización. Así mismo, recomienda a las autoridades y organismos de cooperación abordar más decididamente las consecuencias del impacto de amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presión y control social, entre otras, y mejorar sus sistemas de monitoreo de estas situaciones, para garantizar la protección de las personas y poblaciones afectadas.

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El gran negocio de la seguridad fronteriza

1 de agosto de 2016, Yago Álvarez y Genoveva López
Varias empresas españolas se benefician de los contratos públicos para el control de fronteras en España y en Europa con el Frontex. Mientras miles de personas mueren en el mar tratando de huir de guerras y hambre, el negocio de las fronteras es cada vez más lucrativo.

Los conflictos en Oriente Medio han provocado la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial. En el caso de Siria, según Acnur, hay “casi 4,9 millones de personas refugiadas y 7,6 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de un país devastado, donde más de 100.000 civiles han muerto por la guerra y más de 640.000 sobreviven en ciudades asediadas militarmente”, lo que señala esta zona como el punto más caliente de esta crisis.

La Unión Europea (UE), lejos de ofrecer una solución humanitaria acorde a las circunstancias, ha declarado la guerra contra las mafias migratorias, a las que acusa de ser el principal problema. Para ello, ha reforzado la seguridad fronteriza, aumentando considerablemente el presupuesto dedicado a estos controles y al fortalecimiento de las fronteras exteriores. Incluso la OTAN va a participar en este operativo.

Esta estrategia ‘antimafia’ quedó expuesta de una manera clara cuando el pasado 7 de junio la Comisión Europea (CE) presentó su Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración con terceros países, donde prioriza y señala que “acabar con el modelo de negocio de los traficantes de personas, que buscan explotar a los migrantes para lucrarse, es esencial para hacer frente a la migración irregular y la mejor manera de hacerlo es que las fronteras sean más seguras y estén mejor gestionadas”. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, también ha señalado en diversas ocasiones a las mafias como las principales causantes del problema, e incluso declaró que “están manejando 3.000 millones de euros anuales aprovechándose de la desgracia de la gente y estamos asistiendo a muertes y naufragios intolerables en el Egeo”.

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El desborde feminista se enfrenta a la impunidad de las agresiones a mujeres en Perú

19/08/16, Elisa Fuenzalida, Thais Luksic, de Mujeres al Borde de un Ataque Armado / Comando Feminista

El caso de las más de 200.000 campesinas esterilizadas contra su voluntad mediante el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1990 y 2000 ha sido archivado una vez más. La fiscalía no considera que existan suficientes pruebas de que se trata de un crimen de lesa humanidad –a pesar de que fue perpetrado contra un sector específico de la población: mujeres campesinas y de escasos recursos– y niega la autoría directa de Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. El pasado 27 de julio, el Ministerio Público, por decisión de la fiscal Marcelita Gutierrez, dio por cerrada la investigación. La misma semana, la justicia peruana se inclinó en favor del agresor de Arlette Contreras, joven que fue estrangulada y arrastrada de los pelos por su novio al grito de “si no eres mía no serás de nadie”. A pesar de que el episodio de este culebrón de terror fue registrado en vídeo por una cámara de seguridad, el juzgado ha resuelto que, otra vez, no hay pruebas suficientes.

Al archivo de conocidos casos de agresiones a mujeres en Perú se suman otros en los que son las propias instituciones las que dan el ‘tiro de gracia’ a las mujeres. Fue el caso de L.C., una adolescente que, al sospechar que estaba embarazada producto de las violaciones sistemáticas que sufría desde los 13 años, intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa. Sobrevivió, pero con graves lesiones en la columna vertebral que requerían de una intervención quirúrgica urgente para no causar daños irreversibles en la movilidad de su cuerpo. Los médicos encargados decidieron que la vida del feto, según ellos en peligro, era más valiosa que su salud y le negaron la operación. Tres meses después L.C. tuvo un aborto espontáneo y finalmente fue operada, pero ya era tarde. Hoy en día es parapléjica y tras nueve años de batalla legal contra el Estado no ha conseguido una compensación.

Durante los últimos años en Perú, colectivos como Alfombra Roja, Las Insurgentes, Comando Feminista, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, Paremos el Acoso Callejero, Chola Contravisual y diversos colectivos universitarios, han luchado desde distintos frentes contra la violencia machista, doméstica e institucional, recibiendo como respuesta, por parte de la policía, golpes y bombas lacrimógenas, y por parte de la prensa y gran parte de la sociedad civil, condescendencia y desprecio ante sus demandas y protestas.

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